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Según un informe de la Defensoría del Pueblo, las cifras trágicas tras las violentas protestas en Colombia han ido en aumento desde el 28 de abril, cuando iniciaron las manifestaciones en forma pacíficas en contra de la reforma tributaria, hasta las explosivas protestas que se han desatado con un trágico saldo de 24 muertos, más de 800 heridos y al menos 89 personas desaparecidas.

La mayoría de las muertes han sido originadas por la violencia desatada en Cali, pero las Naciones Unidas también han ubicado fallecidos en otras zonas del país como Ibagué, Tolima, Pereira, Risaralda, Soacha o Cundinamarca.

La estela de vandalismo, llamas y caos han llenado de cenizas las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades colombianas que dejan ver tras el humo de la violencia estaciones de metro destruidas, edificaciones vandalizadas, 125 buses de Transmilenio destruidos y algunos quemados, y 25 Centros de Atención Inmediata (CAI) de la policía dejados en ruinas.

Estos daños paradójicamente representan mucho más de lo que la reforma tributaria proponía recaudar dinero para arreglar, ahora Colombia está más sumida en la pobreza.

Una visión postapocalíptica latinoamericana de un país que ha vivido sus días de furia contenida hasta ahora ante la enorme brecha social que ha ido mostrando su abismo.

Infiltrados en la mira

Pero esta realidad condujo a otras sospechas, como la infiltración en las protestas de otros actores que buscan beneficiarse de esta violenta situación para desestabilizar el país, como la narcoguerrilla, según denuncias de los cuerpos de seguridad del Estado.

La reiteración del ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, acerca de que la Fuerza Pública garantiza el “derecho a la protesta de los ciudadanos”, y que por ello, también los funcionarios combaten a las personas que están detrás de las acciones terroristas, a la par de la reciente recompensa de 10 millones de pesos propuesta por el presidente Duque a quienes aporten información que conduzca a la captura de los autores de actos vandálicos, reafirman que el gobierno persigue a los infiltrados.

De acuerdo con un informe de inteligencia colombiana, son cinco los grupos financiados por el ELN y las disidencias de las FARC: Movimiento Pedro Pascasio Martínez, Movimiento JM19, Movimiento Colectivo Libertad, Autogestión y Resistencia (Clar) y el Movimiento Jaime Bateman Cayón.

Por su parte, la ONU, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros organismos internacionales, han levantado su voz para condenar el “uso desproporcionado de la fuerza” empleado por la policía y otros organismos del orden público y exigieron que los responsables respondan por sus actos.

Tras todo este escenario de convulsión social, la Cancillería convocó a una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país “para informar de manera integral sobre el desarrollo de la situación que se está afrontando”.