La verdadera cara del aborto legal en Argentina | THE LATAM POST

La verdadera cara del aborto legal en Argentina

Los movimientos feministas pro-izquierda han logrado ganar una batalla más en su declarada guerra por...
Aborto legal

Los movimientos feministas pro-izquierda han logrado ganar una batalla más en su declarada guerra por establecer el aborto legal y gratuito en el mundo. Esta vez consiguieron imponerse en Argentina con una polémica Ley que le facilitará a miles de mujeres  el camino para interrumpir su embarazo y desechar un bebé. 

Con 38 votos a favor y 29 en contra se aprobó en el Senado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, instrumento jurídico con el que se despenaliza completamente el aborto y que ha generado conmoción y rechazo en amplios sectores de la sociedad argentina. 

Con la decisión parlamentaria, tomada el pasado 30 de diciembre, Argentina pasa a ser uno de los pocos países de la región donde se puede ir contra el derecho a la vida de una persona en gestación. Las otras naciones en las que se permitía hasta ahora son Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa, Puerto Rico y algunas zonas de México.

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Esta nueva realidad en Argentina podría marcar el inicio de decisiones similares en el resto de América Latina, donde hasta ahora la sociedad ha reconocido el derecho del niño en gestación y ha evitado el alto costo que representaría para el erario público asumir los procedimientos y tratamientos de todas las mujeres que, ante la gratuidad y facilidades ofrecidas, pudiesen decidir abortar en lugar de prevenir un embarazo o planificar su proceso reproductivo.

¿Quiénes abortan en Argentina?

Uno de los argumentos más esgrimidos por el grupo que luchó para que se aprobara el aborto legal y gratuito fue que se ayudaría a reducir la pobreza, puesto que la mayoría de las féminas que tomaban esta alternativa era porque no tenían ni la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos ni de asumir la responsabilidad que representaba la crianza de un hijo. 

Sin embargo, en una investigación realizada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (REDAAS) se revela que 58% de las mujeres que en el año 2018 acabaron con su embarazo, contaban con trabajos estables, quedando en evidencia su capacidad para costearse y tener acceso a los métodos anticonceptivos o asumir la responsabilidad de un hijo en caso de desearlo.

Además, 60% de las mujeres que abortaron tenían entre 20 y 29 años, y algunas habían sido madres anteriormente, según señala el estudio.

Extracto del informe de REDAAS «¿Por qué abortan las mujeres?»

Determinar las cifras exactas y los perfiles de las mujeres que recurren a este método es difícil por la falta de data fiable, no obstante, una investigación referida por Human Rights Whatch -que incluyó una metodología compleja basada en datos de 2004 y 2005- determinó que cada año ocurrirían entre 371 mil  y 520 mil abortos, lo que equivaldría a un 2% de la población femenina en Argentina.

En esos números se incluyen los abortos clandestinos y los que son aceptados de acuerdo con la normativa legal vigente en Argentina desde 1921 y que autorizaba su práctica solo bajo  circunstancias muy particulares en las que estuviese en riesgo la vida de la madre.

Cuánto costarán los abortos para los argentinos

 

Los defensores de esta alternativa aseguraban que penalizar el aborto no evitaría que siguiese sucediendo y que criminalizar su práctica solo aumentaba los riesgos y el gasto público por atender las complicaciones.

El estudio del impacto económico que realizaban sus defensores se centraba en comparar los casos de aborto que tenían asistencia médica formal con los efectuados de manera clandestina y que podían presentar problemas, pero normalmente no le contrastaban con un escenario de disminución de ese método motivado por un mayor y correcto uso de anticonceptivos.

El análisis costo-beneficio de la decisión soslayaba que la mayoría de esos embarazos justo ocurrían por falta de protección y de educación sexual.

Con el nuevo marco legal, el Estado tendría que gastar alrededor de 7.000 millones de pesos anuales,  según cálculos de a organización Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida.

Pese al elevado monto, el ex ministro de Salud  Adolfo Rubinstein consideró que la legalización permitiría un impacto menor en las arcas públicas, debido a que disminuirían los casos de complicaciones. 

Los anticonceptivos son más económicos que un aborto

 

La ciencia ha avanzado y desde hace muchos años las mujeres tienen alternativas efectivas para evitar un embarazo no deseado, lo cual pareciera no haber tenido mayor peso para quienes han defendido la legalización y gratuidad del aborto. 

Desde el siglo XVI ya se buscaban mecanismos para evitar la concepción. En 1.800 comenzaron a implementarse espermicidas y en 1.960 empezó a expandirse la comercialización de la píldora. 

Actualmente también hay parches, inyecciones trimestrales, anillos vaginales, el Dispositivo Intrauterino (DIU), la píldora de emergencia y otros métodos alternativos.

Métodos para evitar un embarazo y no llegar al aborto
Diversos métodos anticonceptivos para distintas necesidades (Imagen: Reproducción Asistida)

El costo de estos es infinitamente inferior a un aborto y está al alcance de las mujeres de hasta los sectores más vulnerables. Por ejemplo, la caja de pastillas anticonceptivas en Argentina para todo un mes cuesta en promedio 1,5 dólares. 

Los parches anticonceptivos para féminas cuestan alrededor de 10 dólares y mantienen su efecto por 21 días. 

Y los anticonceptivos hormonales ya no solo los tiene que asumir la mujer, los hombres también pueden usarlos para compartir la responsabilidad de la planificación familiar. La inyección anticonceptiva para los caballeros cuesta un promedio de 4 dólares y le durará por unas 12 semanas.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la clave para prevenir el embarazo es la educación sexual y el correcto uso de métodos anticonceptivos. 

Conmoción en la sociedad argentina por aborto legal

 

En consultas parlamentarias previas a la aprobación de la polémica ley, médicos y científicos precisaron que el embarazo no puede tratarse como una enfermedad o patología,  y recordaron que el fin de la salud pública debe ser preservar y prolongar la vida.

Laura Vargas, médico que participó en los encuentros del Congreso Nacional, señalaba que era necesario ser “honestos” con los pacientes y explicarles que el embrión “es un ser humano y no un conjunto de células”.

“Debemos mostrarles las ecografías obstétricas y dejarles oír los latidos cardíacos embrionarios o fetales para que tomen conocimiento de la realidad”, indicó.

Desde el enfoque jurídico, varios abogados también le recordaron a los parlamentarios que el hombre tiene los mismos derechos a decidir sobre el hijo, ya que la vida del embrión igualmente concierne al padre, y con la aprobación de la ley se le afectarían sus derechos. Esto supondría una “desigualdad de género”, dado que su voluntad no es tenida en cuenta. 

Esas posiciones no pesaron a la hora de la aprobación del instrumento jurídico, y como era previsible de inmediato quedó en evidencia el contundente rechazo del aborto legal por parte de la gran mayoría de argentinos.

El mismo día de la sesión del Senado, miles de argentinos llenaron las redes sociales con mensajes  de descontento y salieron a las calles a respaldar al movimiento Pro vida. Algunos de los comentarios en redes alertaban que las mujeres que usan esa alternativa como método para desechar un embarazo, podrían abusar de vacíos que habría en la nueva ley o podían ser recurrentes en esa práctica.

En jornadas previas, en una manifestación histórica, centenares de médicos salieron a las calles a manifestarse contra la eventual aprobación de la referida ley, que ya había sido rechazada dos años antes.

En esa actividad, los galenos dejaron claro que ellos habían jurado usar sus conocimientos para salvar vidas, incluso la de quienes estuvieran en proceso de gestación, por lo cual no podía pretenderse obligarles a incumplir su promesa.

Fernando Secin, urólogo e integrante de Médicos por la Vida, ha sido uno de los más críticos con la nueva ley aprobada. Calificó la medida de “Esquizofrenia Gubernamental” y advirtió que ahora habrá mujeres que no tendrán incentivos para trabajar, pues ya con quedar embarazada podrían cobrar la pensión que asigna el Estado a esos casos y luego abortar de forma gratuita, repitiendo nuevamente el ciclo para obtener beneficio económico. 

 

Otros activistas provida lamentan que los políticos hayan aprobado un instrumento que no solo sería cuestionable desde el punto de vista ético -por ir contra la vida de un ser indefenso-, sintió también porque ocupará recursos que se pueden necesitar para atender a pacientes con enfermedades que, al contrario de un embarazo, no se pueden prevenir de ninguna manera.

Parte de los recursos del Estado, aportados por todos los ciudadanos y que siempre son escasos, se usarán para pagar los procedimientos de aborto legal y atender las complicaciones asociadas, aunque haya niños con cáncer y otras enfermedades que justo necesiten ese dinero para recibir mejores tratamientos que les permitan salvar sus vidas.

Viviana Canosa, activista por el derecho a la vida, consideró indignante que en Argentina los niños con cáncer deban reunir tapitas para pagarse el tratamiento, mientras que se le asigna recursos a un grupo que podía tener otras soluciones. “Esto es aborto versus quimioterapia para niños y adolescentes”.

 

No es una interrupción, “es un asesinato”

 

Agustín Laje, politólogo y defensor del derecho a la vida, ha sido uno de los más feroces opositores a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Asegura que desde el mismo título del instrumento legal se contradice la verdad. 

“La interrupción es el cese transitorio para su posterior continuación. En el caso de un embarazo no se puede reanudar. ¿Por qué llamarlo interrupción? Porque para el marketing abortero es mucho más simpático llamarlo interrupción que llamarlo como realmente es: el asesinato de un ser humano que está por nacer”, explica.

El también presidente de la Fundación Libre advierte que no son reales las estadísticas que grupos proaborto difundieron para promover la aprobación del instrumento legal. 

Si ese número fuese cierto (el de casi medio millón de abortos cada año)  70% o más de los embarazos en Argentina terminarían en un aborto, lo cual no ocurre en ninguna parte del mundo”, asevera en un video que difundió en las redes sociales y con el que busca mostrar las 15 mentiras sobre el aborto.

Estima que la mayoría de los argentinos desconocen en detalle la nueva ley, la cual contemplaría claramente que la madre “tiene derecho a matar a su propio hijo hasta la semana 14  de gestación” y abortar sin límite hasta el noveno mes de gestación bajo la excusa de tres causales, las que vaticina que rápidamente se volverán la regla.

Además, permite que niñas de entre 13 y 16 años aborten sin tener el consentimiento de sus padres.

“El niño en gestación no es de del cuerpo de la mujer por una serie de razones que ya la ciencia ha revelado”, insiste, al tiempo que señala que ello derrumba el principal argumento de los proaborto de que su hijo sólo es una masa de células. 

Los cuestionamientos de Laje son contundentes  y dejan claro que con la aprobación de la ley para el aborto legal, se violarían derechos humanos y se iría contra acuerdos internacionales y la propia Constitución de Argentina.

Reportaje redactado en conjunto con Carola Briceño