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El Tribunal de Cuentas ha detectado dos contratos de Podemos y de la coalición de Unidas Podemos, conformada por Podemos, el movimiento Izquierda Unida (IU) y el partido ecologista Equo, con proveedores para la campaña de las elecciones municipales de 2019, por un importe conjunto de más de 150.000 euros que no fueron comunicados a la institución fiscalizadora, pese a que estaban obligados a ellos.

El artículo 133.5 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) pauta específicamente que las empresas que hubieren facturado por gastos electorales superiores a 10.000 euros, deben informar de ello al Tribunal de Cuentas.

El informe sobre la campaña electoral de las elecciones locales de 2019, reseñado por el diario español OK Diario, también indica que la deuda pendiente de la marca conjunta de Podemos, IU y Equo, con proveedores era de 195.000 euros al terminar el periodo de contabilidad electoral, por lo que tuvo que realizar aportaciones posteriores ante la falta de asumir el importe por la tesorería existente.

Saldos inconsistentes en contratos gráficos

En el caso de la coalición Unidas Podemos-IU-Equo, se localiza la facturación de un proveedor por importe de 41.254,95 euros (Grupo Ricarte ‘The quality print’) sin constar que se informara de ello al Tribunal de Cuentas. El otro caso versa sobre una facturación de 105.017 euros de la empresa Grafisol Digital a Podemos, en este caso en solitario. Ambas sociedades se dedican a servicios de grafismo digital e impresión.

En materia de tesorería, a fecha de presentación de la contabilidad electoral, el espacio conjunto de las formaciones tenían obligaciones pendientes por valor 195.035,41 euros, que no era posible satisfacer por los recursos disponible entonces (31.428,59 euros) en la cuenta electoral. De esta forma, la mayor parte del pago pendiente requirió la incorporación de nuevos recursos fuera de la contabilidad electoral fiscalizada, lo que no se ajusta a la prescripción de disposición de saldos desarrollada en el artículo 125.3 de la normativa.

Según el informe, Unidas Podemos-IU-Equo dispuso de 667.386,36 euros para la campaña, con un total de 523.981,90 euros en gastos electorales ordinarios declarados. El límite de gasto para el proceso estaba pautado en 987.868,86 euros, sin que se superara.

Difusión de propaganda fuera de la campaña

Respecto a la evaluación de los gastos a Unidas Podemos con IU y Equo, que entonces estaba integrado en este espacio político, el órgano fiscalizador realiza una serie de consideraciones, que en este caso no implica ninguna propuesta de no adjudicación o reducción de subvenciones. Concretamente no ve que se hayan excedido el límite de gasto electoral, de publicidad exterior o en medios.

De la información sobre la campaña electoral de la coalición, el Tribunal de Cuentas aprecia que 1.247 euros correspondieron a difusión de propaganda electoral una vez terminada la campaña, algo que no está permitido en el artículo 53 de la LOREG. En consecuencia, se considera no subvencionable, aunque se ha tenido en cuenta a efectos del límite máximo de gastos del proceso.

También figuran gastos de operaciones ordinarias por valor de 23.374 euros que tampoco tienen consideración electoral a tenor de la normativa electoral. Por ello, el informe pauta que no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.

Otro importe de 4.598,25 euros tampoco puede ser receptor de subvención al desplegarse fuera del periodo contemplado en la ley, es decir, tras la proclamación de los resultados.

Gastos de publicidad exterior fueron reclasificados

De los gastos declarados, el Tribunal de Cuentas ve que los gastos de publicidad exterior, por valor de 52.544,77 euros, han sido «reclasificados» y tenidos en cuenta a efectos de verificar el cumplimiento del límite fijado en el artículo 55 de la LOREG.

En cuanto a la revisión de los gastos por envíos de propaganda electoral se deduce también que un importe de 77.148,66 euros corresponde a gastos por operaciones ordinarias, habiéndose procedido también a su reclasificación.

Una consideración menor que realiza el Tribunal de Cuentas a Podemos, en este caso en solitario, es un gasto de 1.268 euros correspondiente a otros procesos electorales y que, en consecuencia, no resultan imputables a las elecciones locales de 2019. Por tanto, no se han admitido como subvenciones electorales.

Algo similar ocurre con la marca Podemos-Equo, que destinó 1.402 euros a la producción de carteles publicitarios con el nombre de la coalición, un gasto ordinario que, de acuerdo a los criterios del Tribunal de Cuentas, «no tiene condición electoral».

Pagos de gastos electorales y no electorales

En el caso de IU, la formación ingresó en la cuenta bancaria electoral en concepto de adelantos de subvenciones, un importe total de 885.376,57 euros. De dicho importe, un total de 344.639,35 euros corresponde a lo aportado por IU y, el resto (540.737,22 euros), corresponde al total aportado a coaliciones de las que forma parte integrante, procediendo al reparto de dicho importe mediante cuentas de relación con cada una de las citadas coaliciones.

De las acciones realizadas al objeto de verificar la concordancia de dicho reparto con los recursos declarados por las coaliciones, resulta que un total de 493.567,06 euros fueron aportaciones directas a las mismas; 19.865,62 euros fueron pagos realizados por IU correspondientes a gastos electorales de las coaliciones.

A su vez, 26.530,50 euros se asignaron a la coalición electoral Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia y Anticapitalistas Región de Murcia si bien, por error, fueron transferidos a una cuenta de funcionamiento ordinario de la federación de Murcia de IU, desde la que se hicieron pagos de gastos tanto de carácter electoral, para la mencionada coalición, como no electoral.

Finalmente, 774,04 euros fueron transferidos a una cuenta no electoral de ‘Unidas Se Puede’ sin que se haya justificado
su destino al pago de gastos electorales.