Surgen más pruebas de sobreprecio e irregularidades con la compra de embajada de España en Caracas

El Ministerio de Exteriores, dirigido en aquel momento por Josep Borell, adjudicó tres contratos a dedo acogiéndose al artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público
La Torre BNC fue comprada para la Embajada de España

Si ya los números no cuadran entre el precio de compra del inmueble de la nueva embajada de España en Caracas por 6 millones de euros y el valor de mercado, ahora además se une la presunta irregular designación y contratación de los proveedores encargados de la remodelación del edificio por un monto aproximado a los 3 millones de dólares adicionales.

En The Latam Post nos unimos a las denuncias de otros medios venezolanos e ibéricos, en donde los casos poco transparentes que involucran a ambos países parecen multiplicarse.

En el caso de la embajada, la escritura de compra del inmueble estableció un precio de 6 millones de euros, equivalentes a 2.050 millones de bolívares, según la cotización oficial fijada por el Banco Central de Venezuela el 12 de diciembre de 2018 (en aquel momento un euro equivalía a 341,68 bolívares).

Según un informe de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el precio del metro cuadrado construido en la Urbanización de Altamira era de unos 1.200 dólares en el último trimestre de 2018 (equivalente a 1.052 euros, según la cotización oficial de diciembre de 2018).

Si el inmueble suma una superficie de 2.250 metros cuadrados, su precio de mercado en aquella fecha rondaba los 2.367.000 euros, y sin embargo se compró a 6 millones de euros. Eso determinaría un sobreprecio de unos 3.633.000 euros.

Designación a dedo

Ahora, se suman más irregularidades, en este caso la denuncia se centra en la designación a dedo, sin ningún tipo de licitación, de contratos por un monto aproximado a los 3 millones de euros.

Fuentes del sector inmobiliario venezolano consultadas coinciden en calificar de “excesivo” el precio de 6 millones de euros pactado entre el Gobierno español y los vendedores, en comparación con otros edificios de similares características ubicados en la zona de Altamira.

El contrato de compra venta fue rubricado por el entonces embajador de España en Venezuela Jesús Silva Fernández, bajo la supervisión de los ministerios de Exteriores y Hacienda.

Según documentación divulgada por el medio español OKDiario, una vez cerrada la compra, la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales del Ministerio de Asuntos Exteriores aprobó en julio de 2019 la declaración de emergencia para contratar las obras de reforma del edificio. El contrato habría sido adjudicado sin concurso por 2.806.600 dólares (al cambio, 2.892.720 euros) a la constructora Inversiones YC CA, representada por el arquitecto Eric Yáñez Thire y constituida en Venezuela pocos meses antes de este encargo.

Exteriores encomendó a esta constructora, Inversiones YC CA, tanto la remodelación del edificio de la embajada, como el acondicionamiento de la residencia del embajador, situada en la Quinta de San Antonio, para mejorar sus medidas de seguridad.

Más y más contratos

Mediante el procedimiento de emergencia aprobado en julio de 2019, Exteriores adjudicó otros dos contratos: uno, encargó a la firma Consultores 200 CA la redacción del proyecto y la dirección de obra de la nueva embajada por 64.036 euros; y dos, a la compañía Seguridad Industrial 2020 CA el desarrollo de las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales por otros 14.254 euros.

El Ministerio de Exteriores, dirigido en aquel momento por Josep Borell, adjudicó estos tres contratos a dedo acogiéndose al artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que permite eludir el trámite del concurso público de forma excepcional “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”.

En ese caso, Exteriores alegó motivos de seguridad, debido a los ataques que la Embajada española venía sufriendo por parte de elementos chavistas.

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda, ha emitido una nota informativa en la que recuerda que los contratos adjudicados por la vía de emergencia deben ser publicados en el perfil del contratante de la Administración, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Ministerio de Asuntos Exteriores también ha vulnerado este precepto, ya que un año y medio después de su formalización aún no ha publicado en ninguna de las tres plataformas el contrato de las obras de la nueva Embajada de España en Caracas.