Rodríguez Chacín, el poder que todos temen (Parte I)

Por Carola Briceño

Es el hombre que maneja el poder detrás el poder. De pocos amigos y palabras cortas, prefiere observar antes de actuar. Se mueve en las sombras, siempre sigiloso, porque lo menos que le interesa es estar visible. Nadie sabe a dónde se mueve ni para qué, pero todo el tiempo está muy ocupado con compromisos que demandan toda su atención.

Muchos le temen, tanto en la oposición como dentro de sus propias filas, porque todos saben que no perdona a sus enemigos y que, aunque se mantiene callado, con acciones concretas envía los más claros mensajes a sus oponentes.

Desde que el chavismo llegó al poder ha sido la pieza clave, la bisagra entre los revolucionarios venezolanos y sus «camaradas» colombianos de la guerrilla, esos mismos que combatió con ferocidad durante la cuarta República.

Ramón Emilio Rodríguez Chacín era el hombre que tras bastidores, por instrucciones de Hugo Chávez,  se encargaba de los asuntos oscuros, aquellos de los que la opinión pública no debía conocer y que eran fundamentales para el sostenimiento y futuro del régimen chavista.

El embajador de Chávez ante las FARC

Desde el inicio del chavismo su poder se cimentó tras las sombras, un escenario que compartía con otros personajes de la revolución, como Hugo Armando «El Pollo» Carvajal, con parcelas bien delimitadas para no generar una guerra a gran escala dentro de las filas rojas.

Su área fue considerada estratégica para Chávez, quien le delegó prácticamente superpoderes para mantener activa y cada vez más estrecha la conexión del chavismo con sus más importantes socios: los guerrilleros colombianos.

Esta cercana relación debía ser mantenida en secreto mientras el excomandante golpista se mostraba ante el mundo como un líder democrático, carismático y cercano a las clases sociales más desposeídas. Su misión era que la revolución del siglo XXI se eternizara en Venezuela y se expandiera por toda la región, para así crear la llamada Gran Colombia, un objetivo que compartía justamente con la guerrilla.

Rodríguez Chacín, el poderoso delegado de Chávez, en los primeros meses se centró en reforzar esos vínculos con las FARC y el ELN, pero ya en el año 2000 también estaba involucrado en crear una cuestionada estrategia de seguridad nacional en la que esa relación con los subversivos pasaba a tener peso inaceptable para los demócratas y defensores de la libertad.

El chavismo confiaba en que los guerrilleros serían sus aliados para protegerse en caso de agresiones externas y para, como último recurso en lo interno, ayudar a imponer un control social basado en el terror. Esto último fue ensayado en los estados fronterizos, donde hoy por hoy justamente la guerrilla se ha constituido prácticamente en un Estado dentro del propio Estado, ejerciendo un evidente control, hecho ampliamente demostrado durante los dos meses del conflicto armado en Apure.

Entre los años 2000 y 2001 sus peligrosas relaciones con la guerrilla pasaron de ser oficiosas a formar parte de la estrategia oficial y eran reconocidas como necesarias por los poderes públicos vigentes para ese momento, dominados por el chavismo. Desde el poder legislativo aseguraban que la cercanía con la guerrilla permitía establecer una especie de «escudo protector» ante un eventual recrudecimiento del conflicto por la puesta en marcha del Plan Colombia.

Los parlamentarios también argumentaban que esas relaciones les permitirían supuestamente luchar contra el aumento del narcotráfico.

En esa época Chávez confesó abiertamente que comisionó al funcionario de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención  (Disip) para que fuese su «contacto directo» con los irregulares colombianos.

Para el chavismo, esa simbiosis con la guerrilla era necesaria para la «protección a la nación». Para Chávez el objetivo iba más allá.

 

300 mil dólares y armas para empezar una buena relación

Rodríguez Chacín siempre fue reconocido en el chavismo como un funcionario eficiente y tan obediente como un perro bien entrenado, que acataba y cumplía las órdenes presidenciales sin mayor discusión, fuese la que fuese.

Esa relación directa de Chacín con Chávez generó conflictos en la DISIP. El comandante Jesús Urdaneta Hernández, a quien Chávez nombró director de la policía política, terminó reclamando que su subalterno pasara por encima de él y recibiera órdenes directas de la presidencia, encargos especiales que no se manejaban por los canales oficiales y que se mantenían ocultos.

La situación fue tan tensa que al apenas transcurrir un año, el comandante debió enfrentarse directamente a su excompañero e increparlo por lo que estaba pasando dentro de la institución y por no entregar a las autoridades competentes a los 42 responsables de hechos de presunta corrupción e irregularidades investigadas desde la propia DISIP.

Entre esos casos había varios miembros del gobierno, incluido el viejo zorro de la política venezolana Luis Miquilena, uno de los hombres que a pesar de no ser extremamente cercano de Rodríguez Chacín, terminó dándole lecciones de manejos poco ortodoxos que luego el militar retirado aprovechó y mejoró ampliamente.

Pero el máximo jefe de la inteligencia del gobierno no sólo descubrió los casos de descarada corrupción, sino también transferencias hacia la Fuerzas Armadas Revolucionarias  de Colombia (FARC) por más de 300.000 dólares.

El caso explotó en un escándalo mayor en julio de 2000, el primero que dejaba en evidencia la verdadera agenda que tenía Chávez para alcanzar el poder y acercarse a los camaradas de las guerrillas colombianas.

Urdaneta reveló que  Chávez le pidió que “le diera armas» a la guerrilla y los recursos económicos que correspondían a la partida secreta, ante lo que se negó.

El antiguo amigo de Chávez, además, mostró a la prensa dos  informes de inteligencia suscritos por quien era el director de inteligencia, el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín.

El documento revelaba dos infames planes en alianza con la guerrilla, proyectos que a la larga se fueron concretando: el “Proyecto de Fronteras” y un “Proyecto Político”.

El “Proyecto Fronteras” estipulaba negociar condiciones de ayuda con grupos insurgentes a cambio de no desestabilizaran al país.

Las guerrillas se comprometían a dar apoyo de información para erradicar el bandolerismo y el narcotráfico en la frontera, no adelantar operaciones en territorio nacional ni hacer trabajos políticos, así como no entrenar militares  venezolanos sin consentimiento del gobierno.

Esos acuerdos se desdibujaron y terminaron facilitando las condiciones para que la guerrilla tomara el control de los territorios venezolanos ubicados en la frontera.

Ese proyecto preveía dar a los guerrilleros contraprestaciones como  “medicamentos especiales, venta de petróleo, apoyos especiales, registro y contratación de empresas del área bancaria, agropecuaria, construcción de viviendas y salud, programa de desarrollo agropecuario en la zona fronteriza y apoyo para asilo y tránsito”.

De acuerdo con datos obtenidos en aquella oportunidad por la prensa colombiana, también se establecía «contacto directo con el alto mando” y “contacto directo con el representante del área fronteriza”, con quienes había que coordinar las operaciones vinculados a la propuesta que los irregulares adelantaran en la zona.

Esos convenios entre los grupos guerrilleros y el régimen de Chávez eran negociados por su hombre de confianza.

“Es el intermediario, el hombre que Chávez está utilizando encubierto para favorecer a la guerrilla colombiana”, dijo Urdaneta Hernández hace 21 años.

En esa época el antiguo amigo y compañero de armas de Chávez también reveló prácticamente lo mismo que esta semana le costó la libertad al activista de derechos humanos Javier Tarazona.

“Hay mucha evidencia como en el estado de Apure, dónde tenemos conocimiento que muchos contratos de la gobernación de Apure los tienen empresas de la guerrilla”, sostuvo el militar retirado en julio de 2000.

Otros 300 fusiles para las FARC

De esa época también han salido a relucir otros datos reveladores sobre el papel y las gestiones de Rodríguez Chacín en pro de los aliados fronterizos de la revolución.

El contraalmirante Carlos Molina Tamayo, ex asesor de Seguridad Nacional y el exjefe de la Dirección de  Armamento Militar de la Fuerza Armada Nacional (DARFA), en el 2000 también conoció cómo desde el recién instalado gobierno de Chávez, el capitán de navío buscaba armas para mantener estas relaciones peligrosas.

«Rodríguez Chacín me pidió 300 fusiles FAL. Me dijo sólo que era para una operación irregular pero se entendía que era para una operación de la guerrilla. Me preguntó que de dónde se podía sacarlos sin dejar rastros», confesó el alto oficial retirado una década después de los hechos, cuando ya estaba muy lejos de las manos del chavismo.

Tras ese episodio, detectó en el DARFA casos de pérdida de material bélico, hechos en los que  hubo complicidad o participación directa de integrantes del Ejército.

«A veces había operaciones donde se robaban armas, o se fingía que se las estaban robando, para entregárselas a la guerrilla. No se trataba solamente de fusiles, también desaparecían morteros, granadas y los cohetes anti-tanques AT4, esos que han aparecido en manos de la guerrilla», reveló a la prensa en 2010.

Denuncias que reviven

Durante estos años, las relaciones han sido cada vez más cercanas. Rodríguez Chacín era el hombre para el contacto directo con la guerrilla y hasta sirvió de enlace especial en varias oportunidades para liberación de secuestrados y un agente activo en pro de consolidar las alianzas fronterizas.

 

Su eficiencia en esas gestiones le valieron que Chávez le nombrara Ministro de Interior y Justicia en dos ocasiones:  2002 y 2008. En ambos casos solo estuvo algunos meses frente a ese Despacho.

En el año 2012 incursionó en la política y logró convertirse en gobernador del estado Guárico, limítrofe con Apure, Barinas y Bolívar, tres regiones donde opera y se refugia la guerrilla abiertamente y desde hace muchos años.

Tras dejar el cargo público había regresado a su bajo perfil habitual, pero el conflicto surgido en Apure entre los militares chavistas y una facción de las FARC, hizo que inevitablemente su nombre volviese a sonar. Nuevos señalamientos surgieron contra el agente internacional del chavismo para las relaciones con la guerrilla colombiana.

La denuncia de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, sacó de las sombras al hombre del poder tras el poder.

Sus inquietudes fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República, donde consignaron imágenes de un encuentro de Rodríguez Chacín con los jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hacen vida en Venezuela, dónde se resguardan y, olvidando uno de los términos y condiciones de aquel acuerdo del años 2000, manejan sus operaciones  y múltiples irregulares negocios.

Tarazona, acatando la legalidad y la formalidad, solicitó al ente público que se investigaran dos empresas y la relación de Rodríguez Chacín con ellas, así como la de los guerrilleros camaradas del capitán de navío.

Pidió, como es lógico, que se indagara profundamente cuál era la relación del exfuncionario con los grupos armados que tanto daño le han hecho a Venezuela y los términos de esas conversaciones que se nota en la foto que sostenían.

Días más tarde, al directivo de Fundaredes y a dos de los miembros de la organización, de manera insólita les detuvieron, haciendo recordar a miles de venezolanos aquella nefasta frase que se maneja popularmente para justificar el abuso de autoridad: «Tienes razón, pero vas preso».

Le imputaron delitos como «incitación al odio», a pesar de que Tarazona y la ONG estaban en todo su derecho a denunciar y a exigir rendición de cuentas, investigaciones y sanciones en los casos que correspondan.

El fiscal general del régimen, Tareck Williams Saab, dijo que el profesor universitario no tenía pruebas para tales afirmaciones y anunció detalles de su encarcelamiento, en una acción que resulta prácticamente suicida para el propio chavismo que espera en escasos 15 días una decisión de la Corte Penal Internacional sobre el eventual inicio de una investigación por violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Esta medida contra Tarazona evidencia una vez más el nivel del poder que ostenta Rodríguez Chacín y cuánto le importa al chavismo duro –ese que él mismo se ha encargado de consolidar en 20 años-, las sanciones de la comunidad internacional o los juicios internacionales.

Descubriendo la revolución

Con las denuncias de Tarazona también resurgieron otros casos en los que el exministro había sido señalado, pero que ante la cantidad de acontecimientos de aquel intenso 2002 pasaron desapercibidos.

Una cédula de identidad y las dobles cuentas secretas que mantenía en ese momento Rodríguez Chacín son solo la punta del iceberg de las actuaciones del también conocido «Rambo» del chavismo.

Que hubiesen documentos en los que Rodríguez Chacín tenía la identidad de otro venezolano y cuentas bancarias en las que se movían recursos que el verdadero titular de la cédula desconocía, resulta un hecho mínimo a la luz de los documentos que hoy han sido compartidos en exclusiva para la Alianza Informativa de The Latam Post y Cima 360.

Pasaportes, fotos y otras acreditaciones que terminaban en manos de elementos irregulares que se beneficiaron de aquella coalición que nació inmediatamente al llegar Chávez al poder y que se tradujo en el llamado «Proyecto Fronteras», el cual no fue realmente conocido por la opinión pública.

Documentos que fueron resguardados por 20 años por un militar de alto nivel, quien en los inicios del chavismo estuvo en un cargo clave y que jamás imaginó que aceptar la responsabilidad de servir al país junto a otros militares le iba a colocar en una situación tan compleja y delicada, con eventuales consecuencias si insistía en negarse a cumplir determinadas órdenes.

El general de la Guardia Nacional Marco Ferreira cuenta cómo a finales del mes de marzo de 2001, recibió una llamada del capitán Rodríguez Chacín solicitándole una reunión para informarle que el gobierno requería de su  apoyo y discreción. Hacía valer su cargo como comisionado del Presidente de la República para las solicitudes que en lo sucesivo empezaría a realizar.

Planteaba que no eran muy difíciles sus solicitudes, solo se trataría de «proporcionar alguna documentación a personas vinculadas a los movimientos subversivos colombianos que cooperaban con el gobierno venezolano para el rescate de compatriotas’ secuestrados en Colombia por elementos del hampa común, y tales apoyos se harían por razones humanitarias´».

El primer show de magnicidio

La segunda visita del embajador de Chávez ante la guerrilla ocurrió dos meses después, recuerda el alto oficial, cuando le solicitó apoyo para la  prórroga de la visa de un cubano de nombre Juan Álvaro Rosabal González, con la condición y cédula de Transeúnte Nº 82.281.627.

La visa original le había sido concedida de manera irregular y así constaba en su solicitud y no se encontraba registrada en la DIEX.

«Su número de cédula de identidad se encontraba en el sistema automatizado, no obstante que el rango al que pertenecía correspondía a un número “flotante” o inutilizado, es decir, esta persona se encontraba absolutamente ilegal en el país».

El nombre y rostro del cubano llamaron la atención del general, ya que públicamente meses antes había sido señalado por haber sido el autor material del primer intento de magnicidio contra Chávez.

«La pregunta que me hacía era:  Por qué razón, ahora este individuo está siendo favorecido por quien se autodenominaba comisionado del Presidente?  La respuesta me la dio el mismo Rodríguez Chacín, quien señaló mientras sonreía … Marco, este es un trabajo de contra inteligencia…», detalla.

Tal acción contrarió al general que no comprendía por qué un trabajo de inteligencia  tenía que usar como base un supuesto magnicidio y crear alarma innecesaria a los venezolanos.

Las denuncias de magnicidios han sido constantes desde que el chavismo llegó al poder. Ven enemigos en todas partes y aseguran que todos les quieren matar.

Documentos para la mujer de Ballestas

Rodríguez Chacín habría regresado el  23 de mayo con el pasaporte de la colombiana Patricia Montero Delgado, pareja del guerrillero del ELN José María Ballestas, quien el 12 de abril de 1999 secuestró el vuelo 8463 de Avianca. Durante el cautiverio falleció Carlos Gustavo González.

Las gestiones ante la DIEX las delegó en ese momento a un funcionario de la DISIP de apellido Herrera, a quien presentó como uno de sus hombres de mayor confianza y quien a la larga terminaría siendo hermano de Amín Herrera, otro de los funcionarios de mayor peso en las relaciones con la guerrilla y que pocas veces se mostraba con su identidad real.

Durante tres meses, Herrera habría conseguido por otras vías sus encargos, pero en  agosto regresó a la oficina de Ferreira con cinco pasaportes del «jefe» para que «se les proporcionara el cambio de una visa, la que ni siquiera poseían, a una de transeúnte», tal como con los casos de Álvaro Rosabal o de Patricia Montero.

Los pasaportes de los guerrilleros

Ferreira recuerda que engavetó los pasaportes para dar largas al asunto, lo que provocó que el propio Rodríguez Chacín el 27 de agosto se presentara en la oficina del general exigiendo solución inmediata para su “problema”.

Rodríguez Chacín le habría explicado que, por razones de Estado, “… a esa gente se les debe ayudar a pasar por Venezuela para que luego se trasladen a Cuba…”.

Ante la presión del capitán por obtener los documentos que eran «necesarios» por supuestas humanitarias, se buscó una solución circunstancial con la que podían realizar su viaje a partir del 4 de septiembre con una visa de transeúnte.

«Los nombres de estas personas no representaban absolutamente nada para nosotros, no obstante que presumíamos que algún tipo de relación tenían con el movimiento subversivo en Colombia por existir la intermediación de Rodríguez Chacín», explica.

Las visas se le entregaron a Julián Alberto Matheus Castillo, Pasaporte Nº  CC 16.893.963; Niria Quintero Quintero,  Pasaporte Nº CC  32.661.940; Pedro Elías Cañas Serrano, Pasaporte Nº CC13.822.945;  Andrea Carolina Lázaro Quintero, Pasaporte Nº CC 37.328.028 y Aldo Manuel Moscote Fragroso, Pasaporte Nº  CC 17.970.179.

«Quienes estábamos al tanto de las solicitudes de Rodríguez Chacín suponíamos que su injerencia bajo la fachada de las razones humanitarias obedecía a intereses personales del Presidente Chávez o del mismo Rodríguez Chacín, solicitudes de miembros activos de dichos grupos a favor de familiares no involucrados en el conflicto o algo parecido.  Las circunstancias del momento no nos permitían pensar que podría tratarse de acciones para evadir la justicia colombiana o que tales personas pudiesen resultar de importancia para los grupos irregulares y en consecuencia para el gobierno Colombiano», revela el general.

Después las investigaciones determinaron que Julián Alberto Matheus Castillo, con Pasaporte Nº  CC 16.893.963 y expedido en Cali,  nació en Florida, El Valle, el 18 de abril de 1950. Aunque debía tener una edad de 51 años la fotografía que poseía el pasaporte reflejaba a una persona más joven y no tenía visa alguna para ingresar a Venezuela.

Niria Quintero Quintero,  con Pasaporte Nº CC  32.661.940 y nacida en la población colombiana de Agua Chica Colombia el 14 de octubre de 1962, presentaba evidencia de adulteración en la carátula del documento, pues el tipo impresión no era uniforme y no tenía visa alguna para ingresar a Venezuela.

Andrea Carolina Lázaro Quintero, con Pasaporte Nº CC 37.328.028, expedido el 13 de septiembre de 2001, nació en Convención, en el colombiano Norte de Santander, el 10 de diciembre de 1974. Su pasaporte también presentaba evidencia de adulteración en la carátula, lo cual notaron porque el tipo impresión no era uniforme y no tenía visa alguna para ingresar a Venezuela.

Pedro Elías Cañas Serrano, con Pasaporte Nº CC13.822.945, expedido el 12 de diciembre del 2000, nació en Pamplona, Norte de Santander, el 2 de julio de 1952. Al igual que los demás, su documento también presentaba una adulteración en la carátula, debido a que estaba escrito a mano.

Aldo Manuel Moscote Fragroso, con Pasaporte Nº  CC 17.970.179, expedido en  Arauca el 8 de agosto de 2001, nació en la población colombiana de Villanueva, el 5 de marzo de 1958. Su pasaporte presentaba una adulteración de la carátula, pues estaba elaborado con dos tipos diferentes de impresión tipográfica.

«Todos estos pasaportes posiblemente pertenecieron a otras personas y fueron adulterados para encubrir a otras vinculadas al movimiento guerrillero en Colombia, con sus verdaderos nombres o con otros ficticios», señala Ferreira.

Las personas a las que Rodríguez Chacín estaba ayudando nunca se presentaron en la sede de la DIEX, todo lo manejo la delegación presidencial.

Tras salir de la institución, Ferreira quiso tener más detalles de los casos presentados por el ministro y pidió información a fuentes externas.

De las cinco personas, tres no registraron actividad irregular. Sin embargo, Aldo Manuel Moscote Fragroso y Pedro Elías Cañas Serrano sí tenían unas condiciones particulares.

Pedro Elías Cañas Serrano terminó siendo alias Santos Rueda, importante cabecilla del ELN e integrante del Comando Central (COCE).  Para sorpresa de Ferreira el hombre tenía dos órdenes de captura:  por los delitos de rebelión, terrorismo y homicidio emanada el 14 de junio de 2001 de la Fiscalía 15, Unidad de Derechos Humanos de Bogotá.

Por el delito de rebelión (nexo terrorismo) emanado del Fiscal 287 de Bogotá, con fecha 4 de enero de 2001, Sumario 1482.

El 25 de noviembre de 2001, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento con detención preventiva contra los integrantes del COCE, entre ellos a Pedro Elías Cañas por la responsabilidad en la muerte de 84 civiles y 30 más que resultaron heridos en Machuca (Antioquia) durante un ataque terrorista al gasoducto Colombia.

El 13 de julio de 2002, al INTERPOL en Colombia dio a conocer cinco circulares rojas para los cabecillas del ELN, en los que aparece Pedro Elías Cañas, distribuidas en 179 países.

Por su parte, Aldo Manuel Moscote Fragroso, alias Lucas Iguarán, El Guajiro o El Zambo, era un activo militante de las FARC.  Se desempeñó como cabecilla del frente 59 en el Departamento de La Guajira.

Después se dedicó a actividades en el campo político internacional de las FARC.

Era solicitado por la Fiscalía Anti Extorsión y Secuestro Nº 1 de Bogotá mediante orden de captura por el delito de rebelión desde el 18 de febrero de 2002, según consecutivo Nº 258259, oficio Nº 002561,  Sumario o Expediente Nº 22.

La denuncia interpuesta por el general Ferreira en la Fiscalía fue desestimada. Incluso, las que vio obligado a hacerla de manera pública para que quedara constancia de lo señalado.

«Nunca fueron investigadas porque hacerlo sería investigarse entre ellos mismos.  La única averiguación que se inició fue en mi contra, por instigación a la rebelión, fundamentada exclusivamente en la rueda de prensa realizada el 27 de septiembre del 2002», rememoró.

Entren que caben 100

De los hechos que presenció y que conoció Ferreira, uno de los que más le llamó la atención fue la intensa actividad entre septiembre de 2001 y marzo de 2002 de comisiones de la DISIP ingresando personas desde Colombia a Venezuela sin cumplir con el trámite migratorio.

De ello se enteró a través de reportes de funcionarios de las oficinas de migración de Maiquetía, San Antonio del Táchira, Boca de Grita, El Amparo, El Vigía, El Piñal , Guanero y Río Limón.

El mayor tráfico se registró por Maiquetía a través de vuelos desde y hacia Cuba, que movilizaban por la Rampa Militar personas custodiadas por la DISIP .

La doble identidad

En 2002 la reportera Carola Briceño, que trabajaba para el diario El Impulso, el más antiguo de Venezuela, recibió la información de fuentes de inteligencia de unos documentos que estaban obteniendo para desaparecer de los registros de la DISIP.

Entre esos papeles resaltaba uno de los que mostraron: una cédula con el nombre de Rafael Montenegro, pero que llevaba la imagen Ramón Rodríguez Chacín, quien para ese momento había ocupado por primera vez el cargo de Ministro de Interior.

Tras ese primer dato, las labores periodísticas se centraron en tratar de confirmar qué pasaba con ese documento y si  había sido usado en las instancias bancarias. Un reporte de una cuenta en Banesco, así como de otras instituciones, a nombre de esa persona con ese mismo número de cédula fue uno de los elementos que logró conseguirse en aquella oportunidad.

El hallazgo también fue denunciado por el entonces diputado Alfonso Marquina un día después de la publicación en las páginas de El Impulso. El parlamentario había logrado tener acceso a otros documentos que ayudaban a que el rompecabezas quedara aún más completo.

Estas informaciones, que podían ser evaluadas por la Fiscalía sí hubiese existido la voluntad, terminaron de ser corroboradas por el general Ferreira, quien conoció de primera mano el caso y vio los documentos originales dentro de la institución que le tocó dirigir.

«Una tarde de mediados del mes de julio del 2001 recibí un caso de suplantación de impresiones dactilares, la cual me fue presentada por el jefe de la división de dactiloscopia. Se trataba de documentos relativos a la solicitud de un pasaporte», recuerda.

El pasaporte estaba solicitado por un ciudadano de nombre Rafael Alberto Montenegro, según lo señalado en la planilla de solicitud que iba acompañada por la fotocopia de la cédula y una foto a color, sin embargo,  los funcionarios detectaron que las huellas dactilares en ese trámite no correspondían a la misma persona.

¡Sorpresa, sorpresa! Era la foto de Rodríguez Chacín la que acompañaba el requerimiento y la cédula ya tenía la misma imagen.

Las impresiones, de acuerdo con el testimonio del general Ferreira, fueron reimplantadas.

«Eran idénticas a las presuntamente colectadas al Sr. Montenegro en la P1; no obstante, al presentarme otro documento denominado Decadactilar en la cual se asienta la fórmula dactilar y se registran las impresiones pulpares de los diez dedos de las manos; en este documento ninguna de las impresiones correspondían con las colectadas en la P1 al presunto Sr. Montenegro. La conclusión del caso presentado era que dos años antes una persona había tratado de sacar un pasaporte suplantando la identidad del Sr. José Rafael Montenegro y no solo eso, sino que en su intento, a no ser porque no fue tocado el registro decadactilar, había dejado sin identidad al verdadero Montenegro», explica.

El general Ferreira pudo reconocer inmediatamente en la imagen al capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, porque le conocía personalmente.

Al pasar a ser ministro, según recuerda el militar retirado, Rodríguez Chacín ordenó la recolección de toda la evidencia, pero ya el general se había encargado de dejar constancia de la documentación con fotos y más de 8 testimonios.

El caso fue procesado por la Inspectoría Interna de la DIEX y pasó al Ministerio Público, pero el organismo no presentó acusación alguna y el expediente no contenía ninguna de las pruebas y testimonios que incriminaban al ahora ex Ministro.

Ferreira afirma que había que dejar pruebas a buen recaudo de «toda acción ordenada desde el alto gobierno que fuera contraria al Estado de Derecho, a la Constitución, a las leyes y a los preceptos morales y éticos».

En pocos meses el Capitán de Navío logró caldear los ánimos en la institución con sus continúas y particulares peticiones a favor de extranjeros colombianos y con los cada vez más sospechosos casos.

Crimen sin castigo

Estos hechos que Rodríguez Chacín se encargó de enterrar en el pasado han resucitado dos décadas después con el conflicto que en marzo se inició en Apure entre una facción de las FARC y los militares del chavismo.

Los antiguos aliados se batieron a muerte en un enfrentamiento que dejó más de 15 militares muertos, decenas de heridos, más de 6.000 pobladores desplazados a Colombia y unas Fuerzas Armadas que tuvieron que doblegarse, despejar el territorio y pagar para la liberación de 8 de sus más aguerridos hombres.

De aquellos polvos del Proyecto Frontera de 1999 -manejado por Rodríguez Chacín-, Venezuela tiene ahora sumergida en el barro su soberanía. Ya nadie duda que la guerrilla manda en los estados fronterizos de la nación y que sus hombres operan dentro del territorio venezolano.

Con el comisionado presidencial tuvieron el apoyo soñado: documentos, medicinas, armas, dinero, espacios de resguardo y poder. Se convirtieron en dueños y amos de zonas que parece que nadie se atreverá a disputarles.

Esa realidad, que para un sector del país constituye una verdadera traición a la patria, fue denunciada tanto hace 20 años como ahora . En ambas oportunidades, venezolanos angustiados ante el doloroso panorama de perder a la nación, han presentado de manera formal ante la Fiscalía hechos concretos y evidencias que deberían ser investigadas por cualquier organismo que respete el estado de derecho y defienda la soberanía.

En su momento, el general Ferreira fue quien se atrevió a denunciar esas peligrosas relaciones que apenas estaban empezando; ahora, cuando el chavismo se ha quitado completamente la careta y demostrado su ferocidad contra quienes disientan o critiquen, ha sido el activista de derechos humanos Javier Tarazona quien tuvo el valor de nuevamente mostrar los vínculos con aquellos que son los verdaderos enemigos de Venezuela.

Aunque han pasado 20 años entre las dos denuncias y durante ese tiempo murió Chávez, el principal impulsor de la alianza con la guerrilla, y la revolución pasó  a «manos» de Maduro, Rodríguez Chacín sigue siendo la pieza clave del entramado de negocios oscuros y de la entrega de la soberanía en la frontera, el agente que jamás ha sido investigado, sin duda el hombre fuerte del poder detrás el poder.

Información redactada por las periodistas Carola Briceño  y Beatriz Galindo para la alianza informativa de The Latam Post y Cima News Digital.

 

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