Régimen de Bolivia cede ante presión de paro indefinido y deroga «ley madre»

Dirigentes socialistas y leales a Morales informaron de la derogación bajo amenazas

Por Dayana López
Bolivia deroga "ley madre"

Luego de una semana de paro indefinido, bloqueos en las vías, caos y protestas en Bolivia, el régimen de Evo Morales y su títere Luis Arce se doblegaron ante el clamor del pueblo y no les quedó de otra que derogar la Ley 1386 o «ley madre».

Ante el levantamiento de los bolivianos, parecido al que obligó a Morales a renunciar hace dos años y huir del país, el socialismo boliviano informó que cedía a las exigencias de los ciudadanos, pero bajo amenazas, en tono bélico y desafiante.

Los dirigentes leales al dúo pro socialista, Morales y Arce, se adelantaron en la rueda de prensa y dijeron palabras como “ahora ya no hay excusas para estar parando”, que “si no se levantan los bloqueos, estaban listos para movilizarse y desbloquear” y “no queremos más dolor, luto e intranquilidad”.

Las declaraciones en tono desafiante fueron dirigidas a los mismos grupos que protestaron contra la expresidenta interina Jeanine Áñez el año pasado y los cuales eran aplaudidos por el socialismo.

Por su parte Arce se dedicó a colocar paños fríos ante la furia de la mayoría de los bolivianos pidiendo diálogos y acuerdos.

El pueblo boliviano continuará en paro hasta que Arce firme la aprobación en el Congreso / Foto: Twitter

Sin embargo, voceros de los manifestantes aseguraron que el paro no se levantará hasta que el Congreso apruebe la ley abrogatoria y la firma de Arce esté puesta sobre el papel.

La polémica ley

La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, conocida también como «ley madre», la cual el socialismo aprobó como excusa para combatir el blanqueo de capitales, ha sido el motivo del paro en la nación andina desde hace una semana, protagonizado principalmente por movimientos gremiales y sindicales.

Los críticos a la «ley madre» denunciaron que atenta contra los derechos constitucionales de privacidad, inviolabilidad de domicilio, patrimonio y comunicaciones, ya que le otorga al dúo pro socialista superpoderes para intervenir cuentas e investigar a personas que manejan grandes cantidades de dinero, por lo que podría afectar a comerciantes, que en su mayoría trabajan en la economía informal y que no tienen papeles al día para demostrar cómo adquirieron un inmueble.

De aplicarse la ley, este sector podría estar sometido a investigaciones, intervenciones de cuentas bancarias, acceso a datos personales y congelamiento de cuentas, lo que se podría interpretar como una persecución «legal».

Los medios solo han contabilizado una víctima producto de la represión de las fuerzas de seguridad leales al socialismo del líder cocalero y su títere político.

 

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