Procuraduría pide a la JEP revisión del juicio a las FARC

Procuraduría pide a la JEP revisión del juicio a las FARC

En las versiones voluntarias de los guerrilleros habría 17 hechos puntuales de secuestro sobre los que no se ha aportado verdad completa y clara
Los antiguos guerrilleros tendrán penas alternativas por secuestros

 

La revisión del juicio que se lleva contra los exguerrilleros de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la inclusión de otros 30 excombatientes que están relacionados con el caso 01 que procesa esa instancia, pidió esta semana la Procuraduría de Colombia.

En el proceso judicial, con el que se acusó de secuestro a ocho comandantes del grupo guerrillero, existirían algunos vacíos y, además, no se habrían incluido peticiones de las víctimas.

En las versiones voluntarias hechas por los guerrilleros habría 17 hechos puntuales de secuestro sobre los que no se ha aportado verdad completa y clara, aparte de 21 casos de secuestro cometidos después de febrero de 2012, cuando las FARC supuestamente ya habían renunciado a esa política.

En uno de los casos de secuestro relatados por los exguerrilleros,  “no se señala el mando responsable de la custodia de los retenidos para el momento de su muerte”, mientras que en otro caso “antes de exponer la verdad, se pone en tela de juicio lo dicho por las víctimas”, reseñó el diario colombiano El Espectador.

Información imprecisa

En sus versiones voluntarias, los guerrilleros aseguraron tener responsabilidad sobre algunos secuestros, pero no aportaron información precisa al respecto.

“Es bastante indignante para las víctimas la sensación de que las respuestas que reciben están incompletas”, indicó el organismo en un documento de 443 páginas entregado en diciembre pasado a la JEP.

La falta de aporte de la verdad ha sido el elemento que más cuestiona la Procuraduría, que también advirtió una marcada «disparidad en las cifras de secuestrados que planteó la JEP” y la que manejan los organismos oficiales desde la época del inicio del conflicto.

La JEP estima que hubo unas 21.396 víctimas de secuestro, mientras las fuentes del Estado manejan una cifra que no supera las 9.107 personas.

Garantizar incorporación de más víctimas

La Procuraduría también pidió al ente de justicia que aclare las etapas procesales del caso, para así poder garantizar la participación de víctimas y otros intervinientes.

En ese punto resaltó la necesidad de acreditar a víctimas indirectas que todavía no han sido reconocidas en el proceso e invitar a gremios de transportadores, empresarios y campesinos para que aporten información sobre los secuestros que sufrieron.

Según el Ministerio Público, los informes que entregado por víctimas y organizaciones incorporados por la JEP, solo hacen referencia a sectores limitados de la sociedad, lo cual afectaría «la representatividad real de las características del fenómeno”.

De igual forma, solicitó que se garantice el derecho a la igualdad entre todas las víctimas y se abran espacios de consulta para que participen y aclaren las dudas que puedan tener.

Una instancia para esclarecer fenómenos macrocriminales

La JEP es un organismo creado en 2017 tras el acuerdo de paz firmado en La Habana entre la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos, quien lo implementó a pesar de que la mayoría de los colombianos en una consultar popular rechazaron los compromisos alcanzados.

Mediante ese acuerdo entre los guerrilleros y Santos, una parte del grupo se desmovilizó y entró en la política directamente con 10 curules en el Congreso, asignaciones económicas y programas de reinserción social. A cambio de todos esos beneficios, los guerrilleros se comprometieron en decir la verdad de los hechos para ir a un proceso de reconciliación social.

Los excombatientes ya no rendirían cuentas ante la justicia ordinaria, sino que serían procesados en una instancia especial creada para esclarecer fenómenos macrocriminales.

Los antiguos guerrilleros tendrán sólo penas alternativas por aceptar ser procesados ante la JEP, no pagarán ni un solo día de cárcel por los secuestros a miles de personas, tampoco por los asesinatos y atentados.

A pesar de que más de 6.000 hombres de la FARC se desmovilizaron, aún quedaron activas las disidencias (grupos que no se sumaron al acuerdo) y a estas se les han sumado varios de los líderes tradicionales del grupo armado que han abandonado su cargo en el Congreso y los beneficios de la desmovilización para volver al monte a la lucha subversiva.

Ahora los farianos están activos en dos frentes de lucha: el político y el subversivo. Los del ala política empezaron el año con un nombre nuevo: Los Comunes, quienes dicen no compartir, pero sí respetar el camino que han elegido sus excompañeros de armas, quienes, incluso, han lanzado lo que llaman la «Segunda Marquetalia» (en honor al territorio donde nació y se consolidó la idea de las FARC).