Argentina ignora crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura de Nicolás Maduro en los últimos años son aterradoras, pero lo que es aún más escalofriante e indignante es la decisión del presidente socialista de Argentina, Alberto Fernández, de retirar su apoyo a la demanda que se interpuso ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra sus aliados chavistas.

La acción ante la CPI fue interpuesta en 2018 por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina, para que se investigara al régimen por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Era la primera vez que un grupo de Estados se unía para que se juzgara a un país.

En ese momento, Argentina era gobernada por Mauricio Macri.

El exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante 11 años, Santiago Cantón, expresó que para Fernández su alianza con el régimen está por encima de crímenes como abusos sexuales, desapariciones, torturas, acoso, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos que quedó comprobado en el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicado a finales de 2020.

El mandatario argentino ya había afirmado el giro de su política en la región por su salida en marzo de este año del Grupo de Lima, bloque regional que ha expuesto la grave situación política, social y humanitaria producido por el socialismo venezolano.

El contundente informe de la OEA que ignora Fernández revela el oscuro y diabólico rostro del chavismo, ya que se exponen testimonios desgarradores de las víctimas que fueron capturadas en el estallido social contra la dictadura entre 2014 y 2017, por lo que las evidencias fueron comprobadas como crímenes de lesa humanidad.

La verdadera cara del chavismo

El informe, elaborado por la OEA gracias a las denuncias y testimonios de las víctimas, señala que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017.

Contabiliza 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015 y más de 12 mil venezolanos que fueron detenidos de una forma ilegal y encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, las cuales, además, fueron señaladas de fraudulentas.

El método preferido del régimen fue la tortura, mediante brutales golpizas, descargas eléctricas, el empleo de gases y polvos lacrimógenos en espacios confinados y la negación de alimentos y agua.

Así como mantener a las víctimas en posiciones agotadoras para provocar dolor y sufrimiento, el aislamiento por largos períodos, violaciones y otras formas de violencia sexual y tortura psicológica.

El caso más emblemático de ejecución extrajudicial ocurrido en 2018 fue el del funcionario de la policía de investigaciones Oscar Pérez, quien se rebeló contra Maduro.

Luego del acorralamiento durante más de ocho horas de las fuerzas de seguridad del régimen con armamento de guerra en los alrededores del escondite donde se encontraba Pérez, fueron masacrados con un RPG y ajusticiados, a pesar de que el pequeño grupo se había rendido y había establecido una negociación para la entrega. Los efectivos policiales y militares los engañaron haciéndoles creer que funcionaría el acuerdo de entrega, pero finalmente los asesinaron en uno de los crímenes más dantescos y escalofriantes que se han registrado en la historia de Venezuela,

Los hechos, gracias a transmisiones en vivo realizadas a través de redes sociales por Pérez y su grupo de resistencia ciudadana, no pudieron ser ocultados por el régimen, pues millones lograron ver y escuchar lo que estaba pasando.

Los expertos consideraron que en su informe existen suficientes testimonios y pruebas para confirmar que los hechos criminales cometidos por la dictadura constituyen crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI, por lo que se sugirió remitir esta evidencia a la Haya para continuar con las investigaciones contra el tirano y sus seguidores.