Fiscalía aporta una nueva denuncia contra Podemos por 200.000 euros
Juan Carlos Monedero y su Fundación Instituto 25-M también son investigados

Las investigaciones señalan que Podemos desvió 200.000 euros de su «Caja de Solidaridad» a la Fundación Instituto 25-M, que preside el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, desde julio del pasado año.

Esta es una de las tres nuevas denuncias que traspasó el pasado enero la exabogada de Podemos, Mónica Carmona, al juez Juan José Escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias.

«El Ministerio Público también pidió que se investigue si miembros de Podemos se habrían quedado con el importe de los costos en procedimientos judiciales en los que fueron defendidos por abogados del partido.»

Así lo expuso la Fiscalía en un escrito en el que rechaza la petición de Podemos de que quede fuera del procedimiento la documentación aportada por la exresponsable del área de Cumplimiento Normativo.

El Ministerio Público sí estuvo de acuerdo en que las pesquisas se lleven a cabo en una pieza separada al no tener relación con el objeto del procedimiento y para no convertir la investigación en una «auditoría» contra el partido, sino caso por caso.

«Caja de Solidaridad» sospechosa de mucha solidaridad

Con relación al supuesto uso fraudulento de la «Caja de Solidaridad», cuya finalidad es que los altos cargos de Podemos destinen parte de su sueldo para fines sociales, la Fiscalía respalda la investigación para esclarecer las donaciones a la escuela Pablo Freire y a la Fundación 25-M.

La exabogada de Podemos trasladó por escrito al juez que cuando estaba al frente de Cumplimiento Normativo, fue despedida junto a su compañero José Manuel Calvente, al investigar presuntas irregularidades en la contabilidad del partido.

Igualmente destacó para el diario español La Razón, que para ese momento recibió una denuncia confidencial interna, en septiembre de 2019, que le alertó de un presunto desvío de fondos del partido y de la «Caja de Solidaridad» para fines ajenos a Podemos para «beneficiar económicamente a personas afines a la dirección, simulando o generando innecesariamente» la realización «de actividades políticas o aumentando deliberadamente las aportaciones» a las mismas.

En esa denuncia se le precisaba «la negociación de un convenio de colaboración» entre el partido y su fundación por importe de 200.000 euros «para fines poco definidos».

A la abogada le sorprendió una petición de fondos «tan elevada» de la fundación «justo al inicio de un proceso electoral y cuando el equipo de finanzas exigía una contención del gasto».

Sin embargo, las distintas convocatorias electorales de 2019 y su cese le impidieron «poder profundizar en esta línea de investigación», por lo que afirmaba desconocer «si finalmente se llegó a firmar el documento que nos pasaron, si se abonó dicho importe y cuál fue su destino final».

Otro caso con 300.000 euros desviados

Respecto a las donaciones a la Escuela Popular Paulo Freire –que la Fiscalía también solicitó se investiguen–, la abogada Carmona asegura en el escrito que aportó al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que indagó en el asunto por la denuncia de una donación de «una cantidad elevada de dinero para actos de formación» a través de la Fundación 25-M «sin que existiera la debida transparencia sobre el destino real de dichos fondos».

Según esa denuncia, desde Podemos y su grupo parlamentario se habían inyectado casi 300.000 euros.

En esas fechas, recordaba, el proyecto de la Escuela Popular Paulo Freire estaba vinculado a la Secretaría de Sociedad Civil dirigida por Rafael Mayoral y pretendía ofrecer «cursos formación política».

Para la abogada era «un hecho notorio» que la realización de cursos de formación se había utilizado «como mecanismo para el desvío de fondos», por lo que receló de los mismos.

Carmona llegó a la conclusión de que «faltaba transparencia en el proyecto y que debía ser investigado a fondo», pero no le fue posible hacerlo al ser cesada.

Por último, con relación al cobro de costas, tasas o porcentajes por parte de responsables del partido, un asunto que considera «muy delicado», la abogada contó que su investigación se centró en el «tratamiento contable y fiscal» de las mismas.

«Lo lógico era que las costas las cobrara el partido, pero esta solución planteaba varias dudas legales que debían resolverse correctamente para evitar infracciones tributarias», detalló.

 

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