Los 9 presos políticos que han muerto en las mazmorras o bajo custodia del régimen de Maduro

2 militares y 7 civiles han fallecido mientras estaban en custodia del régimen, que no les brindó atención médica oportuna

Por Carola Briceño & Beatriz Galindo
Estos son los rostros de los 9 presos políticos muertos bajo custodia del régimen

Nueve presos políticos han muerto en los últimos seis años bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro. Dos eran militares y siete civiles. Todos, con excepción de uno de los militares, necesitaba atención médica antes de fallecer, a ninguno se le brindó de manera oportuna.

El más reciente fue Gabriel Andrés Medina, un ex funcionario del FAES que fue detenido hace un año y nueve meses en Caracas y al que se le señala de estar presuntamente involucrado en un complot para secuestrar y entregar a Diosdado Cabello a las autoridades de Estados Unidos, que le solicitan y ofrecen una recompensa a quienes colaboren con su captura.

Medina, de 36 años, falleció hace una semana, el pasado domingo 30 de agosto en la cárcel de La Pica, del estado Monagas, después de padecer por meses de una enfermedad no diagnosticada, pero que al momento de la defunción dejaron claro que se trató de tuberculosis, una enfermedad que no acaba con la vida de una persona de golpe, sino que lentamente la va consumiendo si no cuenta con los tratamientos adecuados y evaluaciones médicas periódicas.

Su deceso por esta afección, como creen sus compañeros de celda y los familiares, habría podido ser evitado si la justicia y los custodios hubiesen tomado cartas en el asunto, autorizando su traslado a centros asistenciales donde había los equipos e insumos para su chequeo. Hoy probablemente estaría vivo si no lo hubiesen dejado en el olvido, impedido de poder hacer algo para salvarse.

Pero Medina no es el primer preso político que muere por tuberculosis. En enero de este mismo año ya había fallecido Salvador Franco, un  indígena de la etnia pemón que tenía dos años privado de libertad en el Internado Judicial Rodeo II, en el estado Miranda. El líder indígena no resistió a tanta indiferencia del régimen.

Nunca hubo la atención médica que rogaban sus familiares y abogados. La desidia, la indiferencia y la violación de sus derechos le condenaron a más que el presidio, le llevaron a morir de mengua.

Aunque sus casos son impactantes, descorazonadores y permiten vislumbrar la verdadera cara del régimen, aún hay otras historias que causan conmoción y dejan a cualquiera deseando que pronto la justicia internacional  haga pagar a los responsables de tanta maldad, dolor y tragedia a la que han sometido a estos venezolanos.

Crueldad roja, rojita

El primer caso de un preso político venezolano muerto bajo custodia del régimen se remonta a marzo de 2015. Fue desgarrador, terrible conocer y tener que transmitir la noticia de la muerte de «El aviador». Un hombre de la tercera edad sometido a la tortura, a los tratos crueles, a la presión, a las amenazas; a quien le tocó vivir la angustia de ver a su esposa también presa por el régimen, de temer que hicieran lo mismo contra el resto de su familia. Tanta presión le habría llevado a presuntamente quitarse la vida. Extrañamente nadie se dio cuenta en la cárcel de cuándo y cómo Rodolfo González se ahorcó en su propia celda.

Ese día los hechos mostraban una vez más y de manera extrema el rostro inhumano, macabro y cruel del chavismo. Ya en el pasado los venezolanos lo habían visto cuando el productor agropecuario Franklin Brito murió mientras permanecía recluido contra su voluntad y la de su familia (no era un preso político de manera formal y oficial, pero en la práctica claramente fue un prisionero del régimen) en el Hospital Militar de Caracas. De ser un hombre de más de 100 kilos, pasó a tener sólo 33, sus piel colgaba y era solo sostenida por sus largos huesos. El día anterior a su muerte, cuando ya su cuerpo no logró resistir más el coctel de medicamentos de los que la familia no tenía información precisa, le había dicho a su mujer, Elena, que tuviera esperanza, que regresarían a su tierra pronto.

También habían visto el nivel de maldad del régimen el 11 de abril, cuando pistoleros desde puente Llaguno y desde diversos edificios y puntos del centro de Caracas, atacaban a mansalva la multitudinaria y pacífica marcha opositora que trataba de llegar a Miraflores a exigir la renuncia de Hugo Chávez.

La retaliación del régimen la pudieron descubrir los venezolanos, además, con los ataques contra los trabajadores petroleros para sacarlos de sus casas a punta de bombas lacrimógenas y disparos. No les importaron ni los niños ni los ancianos, los sacaron a la fuerza pelotones del Ejército y de la Guardia Nacional, asfixiándoles con el gas lacrimógeno para que quedaran tirados en la calle sin nada y sin poder defenderse.

Y la crueldad la llevaron al extremo al asesinar a manifestantes pacíficos y desarmados, especialmente a jóvenes que participaban en las protestas.

El patrón de actuaciones inhumanas se pudo corroborar cuando las mujeres que manifestaban eran tiradas al piso por militares que las pateaban y sometían a la fuerza, para luego eructar, reir o levantar amenazantes sus armas ante las cámaras de los reporteros, como para demostrar que no les importaba lo que pensara la gente de la agresión que habían cometido. Actos cercanas a los de los talibanes.

Ese rostro cruel, macabro y despiadado ya era conocido por los venezolanos, pero ese 12 de marzo de 2015 ocurrió lo que muchos temían: se elevó el nivel de maldad con la muerte de presos políticos, y no había forma de confirmar que fuese un suicidio ni de conocer las verdaderas circunstancias de tan amargo suceso.

Pero la conmoción de la población por el cruel suceso no generó ningún cambio en el régimen, al contrario, desde ese momento hasta ahora no han cesado las denuncias de familiares de los encarcelados por razones de conciencia, siguen registrándose casos y son cada vez peores las torturas y los tratos crueles. Así como también son mayores las amenazas para que las familias hagan silencio.

Con licencia para matar

Al régimen no le importan el monitoreo que hace la Misión Especial de la ONU de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, tampoco se siente aludido con los comunicados de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos instando al respeto a la vida y mejora de las condiciones de los presos políticos; lo que de verdad afecta son las sanciones que le imponen los diversos países a las transacciones y a los recursos que los líderes del chavismo y sus familias tienen en otros países.

Y es tanto lo que les afecta que presionan y promueven por todas las vías la posibilidad de diálogos y negociaciones, pero a cambio de que le levanten las sanciones y puedan usar la plata tranquilamente.

En esas «negociaciones» siempre prometen respetar los derechos humanos y liberar presos políticos, pero incumplen su palabra una y otra vez y una y otra vez logran que la oposición, con el aval de la comunidad internacional, se siente a negociar con ellos.

Por un lado, liberan algunos presos políticos, casi todos civiles; mientras que por otro, encarcelan a más personas. Es una estrategia que se ha llamado a nivel internacional como «La puerta giratoria», que consiste en excarcelar a 10 y a los días meter a otros 10 o a 12 o a 15 a prisión. Salen unos y entran otros.

Así manipula el chavismo, así se burla de los acuerdos en las mesas de negociaciones, mientras que decenas de venezolanos siguen tras las rejas y centenares están en sus casas pero con la amenaza de que en cualquier momento los buscan y les revocan la medida sustitutiva de libertad que en algún momento les dieron.

El tiempo sigue pasando en medio de ese juego macabro y así le roban la vida a los presos políticos. En seis años han muerto nueve bajo custodia y el número podría aumentar si no se hace algo para lograr la liberación de más de 60 que se encuentran enfermos, algunos en condiciones muy graves, y que están tras las rejas prácticamente en el olvido.

En la Alianza Informativa de The Latam Post y Cima 360 News les presentamos en detalle los casos de los 9 presos políticos muertos bajo custodia del régimen, por los que aún se espera justicia.

 

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