Juez del caso Neurona ve indicios de delito en la supuesta niñera de Montero

Juez del caso Neurona ve indicios de delito en el supuesto uso de una empleada de Podemos como niñera de la ahora ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias

El juez del caso Neurona ve indicios de delito en el supuesto uso de una empleada del partido Podemos como niñera de la ahora ministro de Igualdad, Irene Montero.

En esta oportunidad, como ya ha ocurrido con otros jueces, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha abierto procedimientos independientes para investigar al margen del denominado caso Neurona.

En The Latam Post hemos reseñado varios casos por los cuales ya el partido socialista español Podemos está siendo investigado.

Los casos van surgiendo como si fuesen tentáculos que se reproducen a partir del cerebro de un pulpo, que en este caso uno de ellos se denomina el caso Neurona.

En un auto al que tuvo acceso el diario español ABC, Escalonilla acuerda investigar por separado otros presuntos ilícitos que puso sobre la mesa la exabogada de Podemos, Mónica Carmona, aportando documentación: el supuesto cobro por parte de Pablo Iglesias de costas judiciales que corresponderían a la formación y las donaciones a través de su fundación, el Instituto 25M.

Juez rechaza recurso de Podemos

El juez rechaza así el recurso de Podemos contra la decisión de incorporar a la causa la documentación y el testimonio aportados por Carmona, que abría la puerta a asuntos que no son el objeto de este procedimiento.

El caso se sigue por delito electoral o de financiación irregular contra el partido y varios de sus miembros en relación a un contrato de consultoría en las generales de abril de 2019 suscrito con la empresa Neurona Comunidad.

Es cierto que Mónica Carmona ha presentado la totalidad de los expedientes por su parte incoados por presuntas irregularidades cometidas en el partido político Podemos, algunos de los cuales no se corresponden con los hechos objeto de investigación en la presente causa. Ahora bien, denunciados hechos nuevos que podrían ser constitutivos de delito, no cabe abstraerse de su denuncia», razona el juez.

Evalúa no obstante, que la fórmula adecuada no es abrir piezas separadas dentro del caso Neurona, como instaba la Fiscalía para evitar que esta causa se convirtiese en «una auditoría» de Podemos.

Considera que lo oportuno es incoar «procedimientos independientes, toda vez que de tramitarlos en pieza separada su investigación podría conllevar la dilación en la tramitación del presente procedimiento seguido, entre otros, por un delito electoral, que tiene tramitación urgente».

Esto significa en la práctica que los tres asuntos salen del caso Neurona se convierten en procedimientos autónomos que no necesariamente tendría por qué instruir el mismo juez. De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, lo natural es que una vez abra las diligencias para cada uno de los temas, las envíe a reparto y se asigne al suyo o a cualquier otro juzgado de instrucción.

Las ramificaciones de Neurona

En el caso de la supuesta niñera, Carmona denunciaba el hecho por entender que se trataba de un uso ilegítimo o un abuso de los recursos del partido en beneficio de Irene Montero, que habría estado utilizando a una trabajadora «a sueldo de Podemos» como cuidadora de su hija.

Aportó los recibos de un viaje electoral a Alicante en el que habrían participado aquella empleada, su ahora jefa de gabinete adjunta en el Ministerio de Igualdad, Teresa Arévalo, sin jugar en el evento ningún papel. Viajaba la niña con ellas.

Pero la abogada señalaba un caso más, el de una empleada que dijo haber sido utilizada como escolta y recadera por la ahora ministra hasta su despido.

En cuanto a las donaciones, que tendrán también sus propias diligencias, Carmona puso en el foco la fundación de Podemos, el Instituto 25M que dirige el cofundador Juan Carlos Monedero.

Por un lado, en relación a 300.000 euros aportados entre la entidad y el grupo parlamentario que habrían ido al Escuela Popular Paulo Freire, una formación online en la que dan charlas miembros como Rafael Mayoral.

Por otro lado, un convenio entre la propia fundación y el partido por importe de 200.000 euros para «fines poco definidos», según Carmona.

Por último, está la denuncia sobre las costas. La abogada señaló que Pablo Iglesias podría haberse quedado con 7.000 euros fruto de las tasas judiciales que tocó pagar a la parte que perdió en el procedimiento judicial contra él.

Según exponía, ese dinero no le correspondería porque los gastos del proceso no los había aportado de su bolsillo, sino que habían corrido por cuenta del partido. Su hallazgo, según explicó, se produjo cuando quiso fijar criterio sobre el modo en que había de tributarse esa devolución económica.