Bolivia: gobierno aún sin permitir atención médica a expresidente Jeanine Áñez

Las autoridades bolivianas prefirieron la oscuridad de la madrugada para trasladar a Áñez sin previo aviso a otra cárcel
A la expresidenta Áñez le dijeron que la llevarían a una clínica, pero la trasladaron a otra prisión

La expresidente boliviana Jeanine Áñez, presa política desde hace una semana y quien se encuentra afectada por una profunda depresión que le ha llevado a abandonarse en una huelga de hambre, aún no ha sido trasladada a un centro de salud, pese a que un tribunal el viernes giró la orden de que recibiera de inmediato atención médica.

En lugar de ser trasladada a una clínica, el gobierno socialista de Luis Arce le llevó sin explicación y bajo engaño a otro centro carcelario: el penal de Miraflores, según alcanzó a manifestarle a los periodistas la propia exmandataria interina al momento de ser ingresada contra su voluntad al nuevo centro de detención.

Su hija, Carolina Ribera Áñez, también denunció la irregular medida y responsabilizó al gobierno de Arce de lo que pueda pasar con el delicado estado de salud de la exgobernante, quien además de la huelga de hambre, presenta un cuadro de depresión y de hipertensión, sin que ninguno de los dos haya sido atendido por médicos.

Las autoridades bolivianas prefirieron la oscuridad de la madrugada, cuando los ciudadanos estaban dormidos y no se enterarían de lo que estaba sucediendo, para trasladar a Áñez sin previo aviso.

La hora exacta del movimiento fue a la 1:10 de la madrugada de este sábado, cuando la exmandataria cumple ya una semana privada de su libertad, acusada de haber participado en 2019 en un supuesto golpe de Estado contra el líder cocalero Evo Morales, a pesar de que fue público y conocido por el mundo entero que el exgobernante renunció a su cargo y huyó del país para no enfrentar la justicia antes las múltiples denuncias de fraude en las elecciones con las que había conseguido el poder por cuarta vez consecutiva.

La negativa de las autoridades

El viernes, el juez Décimo de Instrucción en lo Penal, Armando Zeballos Guarachi, revocó la medida de salida de la expresidente a una clínica privada, la cual le había sido otorgada por su delicado cuadro hipertensivo.

La Procuraduría de Bolivia recurrió la decisión y solicitó que la valoración médica de Añez sea dispuesta por personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente de la Fiscalía, o médicos especialistas de un hospital público trasladados a la cárcel para valorar su salud, señala la prensa local.

Mientras había la pelea a pulso en los tribunales por mantener el control de lo que se hará con la exmandataria, Áñez guardaba cama debido a una descompensación por hipertensión, y ahora con el traslado intempestivo a otro centro carcelario su familia teme que podría verse aún más afectada.

Un proceso kafkiano

El pasado sábado 13 de marzo la expresidenta interina del país fue detenida por el gobierno socialista de Arce bajo acusaciones de «sedición, terrorismo y conspiración».

Su arresto se produjo después de la aprehensión de los exministros transitorios Álvaro Coímbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía.

Áñez, Coimbra y Guzmán asumieron posiciones de poder en 2019 en el marco constitucional, luego de que por masivas protestas contra múltiples irregularidades en las elecciones -lo cual hasta fue denunciado por la OEA-, Evo Morales perdiera el apoyo de los sindicatos, la policía y las Fuerzas Armadas, y decidiera presentar su renuncia y huir del país para no enfrentar la justicia.

Ante el vacío de poder, la norma constitucional llevó a que Áñez, quien era la segunda vicepresidente del senado, fuese la figura que debía asumir el mando. Aunque la primera vicepresidencia tenía esa responsabilidad, finalmente también renunció en medio de la crisis política, lo cual generó en ese momento aún mayor incertidumbre y el temor de que los militares asumieran el poder ante la incapacidad del sector político para estabilizar y responsabilizarse.

La respuesta de Áñez permitió que se restableciera el orden, se pacificara al país y hubiese una transición hasta noviembre de 2020, cuando entregó el poder al ganador de las elecciones: Luis Arce, un líder socialista aliado de Evo Morales.

A pesar de que Arce reconoció públicamente a Jeanine Áñez como presidente constitucional y prometió conducir al país por la vía de la paz y la reconciliación, ahora de manera inexplicable acusan al gobierno interino de Áñez de derrocar a Morales en 2019.