Informe de la ONU responsabiliza a Maduro y a jueces chavistas de violaciones de DDHH

La Misión de la ONU reveló que el régimen de Maduro ha usado macabras prácticas Nazis contra opositores detenidos

Por Carola Briceño
Informe de ONU responsabiliza a Maduro y a jueces chavistas de violaciones de DDHH

El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha sido un fortísimo golpe para el régimen de Nicolás Maduro, que ha quedado tendido en la lona con las múltiples revelaciones sobre las macabras acciones del dictador y su sistema judicial para violar los derechos humanos de los opositores.

La instancia, que funciona aparte de la que dirige la Alta Comisionada para los derechos humanos, ha sido clara y contundente al relatar cómo las actuaciones premeditadas de funcionarios del sistema judicial, fiscales y altos dirigentes del gobierno han sido cruciales para instaurar mecanismos que han violentado derechos y permitido infligir torturas y tratos crueles de manera sistemática.

“El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”, indicó el informe.

Para levantar este informe, la Misión efectuó 177 entrevistas a actores del sistema de justicia, además de encuesta a exjueces, fiscales y abogados defensores venezolanos.

Asimismo, analizó expedientes judiciales, documentos oficiales de 183 detenciones de opositores entre 2014 y agosto de 2021.

En ese análisis pudieron determinar que en 102 de las 183 detenciones de opositores, hubo funcionarios públicos de alto nivel que hicieron declaraciones dejando en evidencia que tenían «acceso privilegiado a la investigación penal y que los actores
judiciales están actuando en su nombre».

En diversos casos, las declaraciones públicas también revelaron información sensible
o confidencial, incluyendo hasta pruebas específicas, algunas de las cuales solo podrían provenir de funcionarios de la fiscalía, de las fuerzas de seguridad o de los cuerpos de inteligencia.

Diosdado Cabello mostrando de manera ilegal elementos supuestamente probatorios de Operación Gedeón, los cuales debían estar bajo custodia de las autoridades de policiales de investigación y la Fiscalía

Diosdado Cabello mostrando de manera ilegal elementos supuestamente probatorios de Operación Gedeón, los cuales debían estar bajo custodia de las autoridades de policiales de investigación y la Fiscalía

Asimismo, hubo casos en los que los funcionarios públicos reseñaron supuestas confesiones de los detenidos, arrancadas sin seguir el debido proceso y bajo coacción, lo cual muestra que esto casos estarían plagados de contaminación o injerencia en la cadena de custodia.

13 fuertes señalamientos del informe

El informe completo es un documento que resultará de gran peso para la decisión que sobre el caso de Venezuela debe tomar la Corte Penal Internacional (CPI). Clic para tuitear

También es una de las armas más poderosas que ahora tienen los defensores de los presos políticos y sus familiares para luchar por su liberación y demostrar su inocencia, así como adelantar actuaciones legales para que pague toda la cadena de mando involucrada en las violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos contra los opositores detenidos.

A continuación les señalamos 13 de los puntos más contundentes de este valioso documento:

  • 1.-Las investigaciones de la Misión revelaron procedimientos penales plagados de
    irregularidades cometidas por los actores judiciales y fiscales en todas las fases del proceso penal, dando como resultado detenciones arbitrarias. Los actores judiciales y fiscales no previnieron las violaciones y delitos cometidos por otros actores del Estado contra opositores reales o aparentes, a pesar de los fiscales, jueces de control y jueces de juicio estuvieran obligados por la ley a hacerlo. Estos incumplimientos contribuyeron directamente a la impunidad de los delitos y las violaciones de derechos humanos e impidieron que las víctimas de las violaciones perpetuadas por los órganos de seguridad e inteligencia del Estado accedieran a recursos legales y judiciales efectivos.

 

  • 2.- El hecho de que estos organismos de inteligencia (Sebin y DGCIM) no liberen a las personas detenidas después de que los tribunales hayan ordenado su puesta en libertad con medidas cautelares sustitutivas o una vez que hayan cumplido sus condenas, es un indicativo de la actuación autónoma de los órganos de inteligencia. Los organismos de inteligencia han mantenido a personas detenidas por períodos prolongados sin cargos, como en el caso del doctor Leonard Hinojosa, quien fue detenido en el Zulia el 26 de octubre de 2020 y luego recluido en La Boleíta de la DGCIM en Caracas hasta el 12 de marzo de 2021, sin haber sido presentado ante un juez ni informado del motivo de su detención.

 

  • 3.-El 12 de mayo de 2021, el presidente Maduro adoptó el Decreto 4.601 que ordenó el traslado de las personas detenidas bajo custodia de la DGCIM y el SEBIN, en un plazo de 30 días, a los centros de detención del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Según información proveniente de la organización Foro Penal, al momento de redactar este informe 18 personas habían sido trasladadas a partir del 12 de mayo de 2021, día de la entrada en vigor del decreto, y 16 habían sido trasladadas la semana anterior.
    Diecinueve presos políticos permanecían en las instalaciones de la DGCIM.41 No se
    documentaron traslados de personas detenidas desde el SEBIN después del 12 de mayo de 2021. Incluso después de la aprobación del decreto, los opositores políticos reales y percibidos siguieron detenidos en estas instalaciones, tal y como lo demuestra el caso de Javier Tarazona y otras dos personas que fueron llevadas a El Helicoide del SEBIN tras su detención el 2 de julio de 2021.

 

  • 4.- La revisión de expedientes por parte de la Misión reveló discrepancias en las fechas que parecen encubrir la ausencia de órdenes de detención al momento en que fue practicada así como la falta de presentación del detenido ante un juez o jueza dentro de los plazos legales. En algunos casos, las fechas oficiales de detención parecen encubrir periodos en los que las personas afirman haber sufrido desapariciones forzadas de corta duración durante los cuales estuvieron incomunicadas y fueron sometidas a tortura o a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual.

 

  • 5.- La Misión documentó 19 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración de militares, sustentadas por juezas, jueces y fiscales mediante la emisión de órdenes de detención ex post facto. Las modificación de fechas en las actas brindaba la apariencia de que se estaban respetando los derechos de las personas  , pero ello era contrario a las versiones de los hechos relatadas por estas personas.

 

  • 6.- La investigación de la Misión revela que (los jueces) no tomaron medidas efectivas cuando se les presentó directamente información creíble sobre las irregularidades o ilegalidades en las detenciones llevadas a cabo por los órganos policiales o de inteligencia.
    En algunos de los casos examinados, estas irregularidades fueron relatadas a las
    Juezas y los Jueces de Control, sin recibir respuesta. Esto incluye el caso de Franklin Caldera, quien declaró ante el Juzgado Cuarto de Control del Terrorismo en su primera comparecencia que el 11 de febrero de 2021 fue secuestrado en Colombia supuestamente por miembros de la DGCIM y posteriormente fue interrogado y torturado durante unos 12 días, tiempo durante el cual no proveyó información oficialmente su paradero.

 

  • 7.-Las personas detenidas fueron trasladas con los ojos vendados o encapuchadas, utilizando rutas indirectas. Hubo un uso excesivo de la fuerza o la violencia durante las detenciones.

 

  • 8.-En algunos casos documentados, agentes de seguridad o de inteligencia presuntamente utilizaron tácticas criminales incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos, para lograr los arrestos. Un acusado de participar en la Operación Gedeón dijo al Tribunal de Control en su audiencia preliminar que agentes de la DGCIM lo torturaron y le dijeron que aplicarían el “Sippenhaft” (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis). Detuvieron posteriormente a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta durante 32 días.
  • 9.-En 113 de los 183 casos de detenciones examinados por la Misión, las personas
    detenidas o sus representantes denunciaron la comisión de tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dichas denuncias también fueron planteadas por familiares y representantes legales en escritos presentados ante los Tribunales de Control, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. En 67 de los 183 casos, las personas detenidas comparecieron ante los tribunales con claras marcas de maltrato.
    En algunos casos, los de las actas de las audiencias no surge que las autoridades
    judiciales hayan dado respuesta a estas denuncias (…) simultáneamente ordenaban que las personas imputadas permanecieran en prisión preventiva, bajo la custodia de los presuntos torturadores, es decir, la DGCIM y el SEBIN.

 

  • 10.-Las acciones y omisiones de los Jueces y Juezas atendieron las denuncias de tortura han tenido consecuencias devastadoras para las víctimas, incluyendo la continuación de la tortura y el deterioro de su salud. Un detenido declaró directamente ante la Jueza de Control que después de su decisión de devolverlo a la custodia del DGCIM “He sido objeto de alrededor de tres meses de torturas continuas, golpes a las 12.00 del mediodía, a las 6.00 de la mañana, a las 3.00 de la mañana”. Otra detenida sufrió un aborto después de la audiencia de presentación como consecuencia de las torturas infligidas. A pesar de haber recibido denuncias de tortura, la persona titular del Juzgado de control la devolvió a la custodia de la DGCIM. Incluso en los casos en los que los Jueces y Juezas pidieron que se investigaran las denuncias de tortura, los representantes de las víctimas con los que se puso en contacto la Misión no han tomado conocimiento de que se hayas tomado medidas efectivas de investigación.

 

  • 11.- 82 personas que fueron presuntamente sometidas a tortura siguieron siendo imputadas de delitos por las autoridades fiscales y judiciales. Una revisión de sus expedientes judiciales revela que después de los interrogatorios ilegales, fiscales, jueces y juezas siguieron permitiendo que la DGCIM y el SEBIN realizaran
    investigaciones penales que se fundamentaron en medios de prueba obtenidos por estos organismos de inteligencia, incluyendo aquellos medios de prueba derivados de las declaraciones obtenidas de manera indebida. Varios de estos ejemplos se presentan en las conclusiones detalladas.

 

  • 12.-La Misión identificó un patrón en el que actores judiciales o de la fiscalía se basaron en medios de prueba falsificados, manipulados o sembrados para justificar una detención o sostener los cargos y/o no investigaron las denuncias de que las detenciones se habían realizado sobre la base de dichos medios de prueba. La Misión ha identificado y documentado24 detenciones en las que se utilizaron medios de prueba falsificados, manipulados o sembrados. Además, el 78,82% de las personas que respondieron al cuestionario de la Misión, todas ellas abogados, abogadas, fiscales, jueces o juezas, indicaron que habían observado dicha manipulación de pruebas en casos para sustentar cargos.

 

  • 13.-El Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para
    remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos.

 

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