Informe de DDHH de la ONU solo le “lava la cara” al régimen de Maduro y promueve la impunidad

El presidente del Foro Penal señaló que la actuación del organismo internacional no ha sido suficiente para detener la persecución, las desapariciones forzosas.
Informe de DDHH de la ONU solo le "lava la cara" al régimen de Maduro

La actualización del informe de violaciones de Derechos Humanos que presentó el pasado jueves la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, ha causado decepción extrema, indignación y ha levantado severas criticas entre defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro que consideran que el documento es “tímido” y le “lava la cara” al chavismo.

Para nadie es un secreto que Bachelet tiene una tendencia ideológica cercana al régimen de Maduro y que esto habría impedido que hasta ahora haya una real presión a la dictadura para que detenga de inmediato las múltiples y macabras violaciones de derechos humanos que se efectúan en Venezuela.

Esa empatía en sus visiones de mundo también habría sido el principal obstáculo para que los presos políticos dejen de ser torturados y usados por Maduro como fichas de canje para “negociaciones”, así como para que sean responsabilizados y enjuiciados ante instancias internacionales -porque las venezolanas responden todas al chavismo- los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que impunemente se registran en la nación suramericana.

La actualización del informe, que ha sido calificada de “tibia”, terminó siendo una ayuda más al régimen de Maduro para que siga burlándose de las víctimas y sus familiares, para que en las prisiones continúen sus esbirros torturando con descargas eléctricas, golpes, colgamientos y otras macabras técnicas de torturas contra quienes piensan distinto, especialmente contra los militares.

Un informe con “errores” y “deficiencias”, como lo señala la abogado Tamara Suju, directora de Casla Institute, que terminan dando una bocanada de oxigeno a un régimen opresor que abierta y descaradamente asesina, encarcela, tortura, persigue, amenaza, expropia, hiere, ataca, acusa falsamente y somete a los ciudadanos con malvadas prácticas de control social.

“Errores” y “deficiencias” realmente incomprensibles e injustificables en la actualización del informe de la ONU, que ha llevado a familiares de las víctimas a considerar que solo se están burlando de ellos, que todo es un teatro para finalmente librar a los jerarcas del régimen de pagar por los múltiples crímenes cometidos.

Un informe que favorece a los torturadores, que permite que los verdugos sigan tranquilos, riéndose porque saben que para ellos no existe el largo brazo de la justicia que les pueda alcanzar.

Y es tanto que entienden que pueden seguir actuando impunemente que justo ayer viernes 2 de julio detuvieron al activista de derechos humanos Javier Tarazona, presidente de Fundaredes, una ONG que se ha vuelto muy incomoda para el régimen al difundir y entregar a la Fiscalía pruebas muy claras de las relaciones cercanas entre grupos narcoguerrilleros y los jerarcas del chavismo.

Fueron por Tarazona porque saben bien que a Michelle Bachelet le da exactamente igual si está libre o preso, que la expresidente chilena no se va a mover hasta Venezuela ni le va a plantar cara a Maduro para que liberen a este destacado defensor de derechos humanos ni mucho menos a las 300 personas reconocidas como presos políticos a las que el régimen les roba la vida en celdas de centro de torturas.

Consternados ante un informe que “lava la cara” a los criminales

Con un hijo brutalmente asesinado por un régimen de Maduro, lo menos que se puede sentir es consternación ante la actualización del informe de la Comisión de la ONU. Y usar ese término es lo más diplomático que se puede conseguir para expresar lo que realmente corresponde en un caso como este.

José Gregorio y Elvira Pernalete, padres del joven fallecido Juan Pablo Pernalete, ya no entienden nada de estas actuaciones extrañas que terminan favoreciendo a los criminales, lo único que desean es justicia, CASTIGO, así, con todas las letras en mayúsculas, contra los responsables del asesinato de su hijo Juan Pablo, un joven de 20 años que era una brillante estudiante de Contaduría Pública y basquetbolista, al que un funcionario del régimen de Maduro asesinó el 26 de abril disparándole al pecho una bomba lacrimógena.

Durante meses el régimen negó que Pernalete fuese asesinado por la bomba lacrimógena, incluso, los más altos funcionarios del chavismo llegaban al descaro de inculpar al propio joven por su muerte, al señalar que éste supuestamente habría tenido un arma de fabricación artesanal que se le disparó por mala manipulación. La versión falsa finalmente no la pudieron sostener más ante los videos, pruebas y el empeño de sus padres de que saliera la verdad, pero hasta hoy no ha habido justicia, su asesinato sigue impune.

“Nosotros, los padres de Juan Pablo Pernalete, queremos expresar que nos sentimos profundamente consternados al leer la actualización del informe de la ACNUDH en relación al caso de nuestro hijo, asesinado por funcionarios de la GN el #26Abril de 2017″, señalan en un un comunicado difundido en redes sociales, cargados de un profundo dolor y una inmensa frustración al corroborar que la afiliación ideológica de Bachelet con Maduro tiene más peso que la necesidad de justicia.

Aclaran, en unos pocos trinos, que el informe -de manera incomprensible- tiene información falsa sobre el caso de su hijo, lo cual termina generando impunidad.

“NO es cierto que existan 12 militares de la GN acusados. Hasta la fecha, solo están IMPUTADOS y además, en libertad”, sostienen.

Pero si eso no es suficiente para comenzar a tener razonables dudas sobre la real imparcialidad del informe, también señalan que el Ministerio Público -tal como hacen con muchos casos para impedir la posibilidad de que llegue la justicia- no les ha dado la información que solicitaron el 14/6/21.

 

Es decir, el informe de la llamada Misión Bachelet soslaya esas terribles y calculadas actuaciones del Ministerio Público.

Además, recuerdan que rechazan los delitos imputados, ya que estos “no reflejan la realidad ni la gravedad de lo ocurrido en 2017”, tanto así que “los imputados están en libertad”, y, de paso, los altos mandos quedan libres de responsabilidad en este caso.

Para rematar, se toma el asesinato de Juan Pablo Pernalete como “un caso aislado”, sin mostrar que realmente este crimen formó parte de un ataque sistemático del régimen de Maduro contra la población civil desarmada.

“Consideramos que esta nueva actualización del informe de la ACNUDH refleja una versión que beneficia y lava la cara del MP y del gobierno ante la Alta Comisionada. Por último, consideramos que se envía un mensaje muy peligroso de impunidad”, espetan, desenmascarando las intenciones de quienes presentaron el polémico y cuestionado informe.

“Diplomacia” que promueve impunidad

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, es otro de los defensores de derechos humanos que cuestiona el insólito informe de la ONU.

“La diplomacia no puede servir para promover la impunidad y que se multipliquen los perpetradores”, dijo a la prensa el abogado, quien, además, tildó la actualización como “tibia”.

Sostuvo que el documento es realmente “muy tímido en cuanto a definir y rechazar claramente la existencia de presos políticos en Venezuela” y advirtió que “cuando uno es tímido, uno para lo que sirve es para promover la impunidad“.

Romero señaló que la actuación del organismo internacional no ha sido suficiente para detener la persecución, las desapariciones forzosas, hostigamiento, detenciones y agresiones contra los opositores a la tiranía.

De acuerdo con las cifras manejadas por el Foro Penal, las cuales son avaladas por la OEA todos los meses, el régimen de Maduro mantiene tras las rejas a 300 personas, un menor de edad incluido, por pensar distinto y cuestionar la continuidad de un sistema que ha sumido en la miseria al otrora pujante y productivo país, ha generado una crisis humanitaria compleja y ha procesado por razones políticas a más de 15.000 personas en seis años.

Un documento en el que aún falta mucho por incluir

Aunque en este informe Bachelet saludó algunos avances logrados, aseguró que “aún queda mucho por hacer”. Este reciente informe tiene unas 21 páginas y abarca las situaciones ocurridas entre el 1 de junio 2020 y el 30 de abril 2021.

Pero aunque reconoce que siguen registrándose violaciones de derechos humanos, diversas voces reclaman las extrañas deficiencias en este documento, que es fundamental para que pueda ser presentado como parte de las pruebas ante la Corte Penal Internacional para demostrar que hay una actuación sistemática de violaciones de derechos humanos y que la justicia venezolana no puede procesar imparcialmente estos hechos.