Gobierno español tiembla por investigaciones a 15 altos funcionaros por caso de aerolínea Plus Ultra

El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, será investigado por el presunto delito de malversación por los 53 millones de euros que se usaron para el rescate de la aerolínea
el gobierno de Pedro Sánchez por usar fondos públicos para rescatar la aerolínea Plus Ultra, ligada al chavismo

Crecen las tensiones en el gobierno de Pedro Sánchez por usar fondos públicos para rescatar la aerolínea Plus Ultra, ligada al chavismo.

Esta vez, la jueza Esperanza Collazos, del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, abrió una investigación contra 15 altos cargos del gobierno de Sánchez por malversación, en el caso de esta controvertida línea aérea.

El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, alto cargo nombrado por el Gobierno, será investigado por el presunto delito de malversación de fondos públicos.

Igualmente la jueza Collazos hará diligencias penales contra los 15 altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos las secretarias de Estado de Hacienda, Economía, Industria y Defensa.

De acuerdo a lo filtrado por medios locales, la denuncia del presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, contra la SEPI y el consejo de administración motivó a las autoridades judiciales a abrir una investigación.

El abogado señala a los implicados como únicos responsables del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el cual es gestionado por la sociedad estatal. Bernad también los acusó por el supuesto delito de prevaricación.

Vox se suma a las acusaciones

Además de las denuncias interpuestas por Bernad y el inicio de las investigaciones, la escalada de tensiones en la cúpula del gobierno de Sánchez no se queda allí, ya que VOX también se sumó a las acusaciones contra el Gobierno y la SEPI para exigir el esclarecimiento por el uso de los 53 millones de euros.

El partido de Abascal presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo que señala presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude fiscal y entramado societario fraudulento, pero el alto tribunal no ha respondido al escrito.

Como se recordará, en marzo pasado, cuando se aprobó el rescate de Plus Ultra por el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se escudó en la aprobación millonaria para el rescate diciendo que “la aerolínea es considerada estratégica por la importancia que tiene el transporte aéreo para España y su contribución al turismo“.

Los funcionarios involucrados

Las cuatro secretarias de Estado, que son parte del Gobierno y forman parte del consejo de la SEPI, son Esperanza Casteleiro, secretaria de Estado de Defensa; Inés María Bardón, secretaria de Estado de Hacienda; Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía y Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Asimismo, pertenecen al órgano de gobierno los subsecretarios de Hacienda, Transportes, Trabajo, Agricultura, Presidencia y Economía, así como varios secretarios generales y directores generales, hasta completar los 15 altos cargos citados.

Además, hay que recordar que este rescate fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, lo que puede elevar las responsabilidades todavía más arriba.

Un rescate imposible que lo hicieron posible

De investigaciones realizadas por medios españoles se desprende que el rescate de Plus Ultra fue impuesto por el Gobierno, influyendo y presionando a los técnicos de la SEPI para que dieran informes favorables.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas requiere que las empresas sean estratégicas, como su nombre lo indica, algo imposible en una empresa aérea que cuenta con un solo avión y por tanto una cuota de mercado mínima.

También exige que las compañías haya estado solventes y que sus problemas hayan sido puntuales por el COVID-19. Plus Ultra nunca han salido de cifras rojas.

Destacando, además, que un 47% de su capital está en manos de empresarios venezolanos cercanos al régimen de Nicolás Maduro.