Familia del concejal muerto en el Sebin demandó a Maduro

Familia del concejal muerto en el Sebin demandó a Maduro

Los familiares de Albán argumentaron que Maduro y sus colaboradores forman parte de "una organización criminal que tortura y asesina a sus enemigos"
La demanda de la familia de Albán fue presentada en la corte federal de Miami

La familia del concejal Fernando Albán, quien murió en octubre de 2018 al caer del piso 10 de la sede de la policía política del régimen chavista mientras se encontraba preso, demandó en Estados Unidos a Nicolás Maduro y a varios de sus colaboradores por daños y perjuicios.

La demanda, presentada en la corte federal de Miami, busca que en este caso se active una de las leyes más fuertes y poderosas de EEUU: ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, conocida popularmente como la Ley RICO, de la que los estadounidenses tienen especial cuidado.

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En la acción se incluye al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el exministro del Interior, Nestor Reverol; el presidente del Tribunal Supremo del chavismo, Maikel Moreno; y el fiscal chavista, Tarek William Saab.

La extraña muerte del concejal Albán

Albán fue dirigente político del partido Primero Justicia y era un hombre cercano a uno de sus máximos líderes, Julio Borges, a quien el régimen señalaba de supuestamente haber organizado un atentado con drones contra Maduro y su cúpula militar.

Una semana antes de su muerte, Albán había estado con Borges en EEUU en reuniones en la sede de las Naciones Unidas buscando apoyo para y condenar los crímenes a la dictadura de Maduro. Al regresar a Venezuela, el 5 de octubre, fue detenido por la policía política que le acusaba del atentado realizado dos meses antes.

Tres días después, Venezuela entera quedaba conmocionada ante la noticia difundida por el régimen de que el concejal, quien era profundamente católico y contrario al suicidio, supuestamente se había lanzado del piso 10 de un edificio conocido como uno de los principales centros de tortura del chavismo, sin que extrañamente ningún custodio de la fortaleza se lo impidiera y teniendo fácil acceso a una ventana que casualmente, de acuerdo con el chavismo, estaba abierta.

En ese momento, la oposición acusó al régimen del hecho. Versiones difundidas por la prensa local, el cuerpo del concejal lo habrían lanzado cuando ya estaba sin vida.

Un día antes del fallecimiento del concejal, la dictadura chavista había detenido sin una orden judicial y de forma violenta al diputado Juan Requesens -de la misma organización política de Albán-, a quien también terminaron culpando por el mismo hecho.

De acuerdo con el régimen, uno de los detenidos por el caso, el sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Monasterios Vanegas, habría acusado a Requesens de haberle conseguido un contacto para entrar a Colombia, desde donde se habría planificado la acción contra el dictador.

Meses después de la muerte del concejal, el abogado de la familia tuvo que marcharse del país, porque también fue perseguido y amenazado luego de denunciar los múltiples hechos oscuros que rodeaban el caso.

La muerte de Albán prendió las alarmas internacionales sobre la grave situación que atraviesan en Venezuela los presos políticos y sus familiares.

320 presos políticos

Actualmente, de acuerdo a la última lista de la ONG Foro Penal, certificada por la Organización de Estados Americano (OEA), en Venezuela hay 320 presos políticos, de los cuales 198 son civiles y 122 militares.

Los últimos dos presos políticos del régimen son el primer teniente del Ejército Franklin Caldera, a quien hombres del régimen y de grupos irregulares colombianos secuestraron en Colombia y trasladaron a los centros de tortura del chavismo en Caracas.

Desaparecido de manera forzosa

Aunque ya tiene más de 40 días en manos de la DGCIM, oficialmente el régimen no ha dado información sobre el primer teniente Caldera ni lo ha presentado ante tribunales, manteniéndolo en un estatus de desaparición forzosa. Clic para tuitear

The Latam Post y Cima 360 de forma exclusiva informaron en su momento sobre la detención del militar y la cruel e ilegal presión a la que somete el régimen a su familia, a quienes mantienen vigilados con dos vehículos y a los que no le han permitido tener acceso al joven militar ni conocer cómo se encuentra del disparo en una pierna que le fue propinado por los funcionarios.

Sus padres desesperados exigen verle para evaluar su estado de salud, pero hasta ahora ninguna institución del chavismo ha respetado la Constitución y las leyes que establecen que debe darse respuesta a tales peticiones formales.

Fuentes de inteligencia han señalado a The Latam Post y a Cima 360 que el primer teniente, quien participó en 2019 en una operación contra el régimen, habría sido torturado y este hecho habría sido filtrado para causar más dolor a sus familiares, que se encuentran afectados de salud ante la incertidumbre.

Una familia torturada

El otro preso político más reciente es Gerardo Carrero, esposo de Andreína Baduel, hija del exministro de la Defensa, el general Raúl Baduel, quien también figura desde hace más de 10 años como reo del régimen.

Además del general Baduel, su hijo Josnar Adolfo Baduel, se encuentra detenido actualmente por el régimen de Maduro, que le acusa de haber participado hace casi un año en la fallida Operación Gedeón.

Otros dos hijos de Baduel (Raúl Emilio y Raúl Iván) también han sido presos políticos del chavismo en los últimos años, y toda la familia del general ha sido perseguida y amenazada con ser procesada por la justicia chavista si continuaban denunciando los hechos de los que son víctimas.

Raúl Emilio estuvo presos entre 2014 y 2018, en sus cárceles diferentes, una de ellas la peligrosa de Uribana, una prisión con presos por delitos comunes.

Raúl Iván estuvo preso en 2020 en Guárico para presionar a su hermano Josnar a que se declarara culpable y diera información sobe los hechos ocurridos en mayo de 2020.

Raúl Iván fue dejado en libertad y ahora se desconoce dónde se encuentra.

Carrero, quien ya había estado preso en 2017 por protestar contra la dictadura y quien fue uno de los primeros detenidos trasladados a los macabros sótanos de «La Tumba» (la cárcel del Sebin en Plaza Venezuela, justo el mismo edificio desde donde cayó el cuerpo del concejal Albán y donde se encuentra actualmente secuestrado su suegro), fue sacado de su casa la semana pasada por hombres del DGCIM.

Este hecho ocurrió seis días después de que su esposa ofreciera una entrevista exclusiva a The Latam Post y a Cima 360 sobre las múltiples y horrendas torturas infligidas a su hermano Josnars Adolfo, las cuales van desde colgamiento hasta descargas eléctricas en los testículos.

 

Noticia realizada en alianza informativa con Cima News Digital y redactada por las periodistas Beatriz Galindo y Carola Briceño.