EEUU: Proyecto de ley de protección para venezolanos entra en el Senado | THE LATAM POST

EEUU: Proyecto de ley de protección para venezolanos entra en el Senado

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Protección temporal para los venezolanos que se encuentran los Estados Unidos huyendo de la crisis política en su país. Esto es lo que busca un proyecto de ley presentado este lunes ante del Senado de EE.UU.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un recurso previsto en la Ley de Inmigración de 1990. Fue  diseñado originalmente para dar amparo a extranjeros que, por desastres naturales o inestabilidad política, no tengan condiciones para regresar de forma segura a su país.

La llamada «Ley de TPS de Venezuela de 2021» permitiría residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense a ciudadanos venezolanos que huyeron de las «condiciones nefastas» en su país, según indica un comunicado emitido por la oficina del senador Bob Menéndez.

Además de Menéndez, también impulsan el plan los legisladores demócratas Dick Durbin, Patrick Leahy y Cory Booker.

Protección para Venezolanos

Esta iniciativa renueva las esperanzas para los venezolanos, luego que último día de su mandato, el presidente saliente Donald Trump firmara un decreto para impedir la deportación por 18 meses de los nacionales de este país.

La “Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés), aprobada en las últimas horas de Trump al frente de la Casa Blanca, aplica expresamente para migrantes afectados por «la situación de deterioro dentro de Venezuela» provocada por el «gobierno autocrático» de Nicolás Maduro.

Nuevos caminos

Sin embargo, no es la primera vez que se propone un proyecto legislativo de protección a los venezolanos. En 2019, una iniciativa para otorgar el TPS a los venezolanos fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero no avanzó en el Senado.

Menéndez, quien es presidente entrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, espera poder concretar esta iniciativa en esta ocasión.

El proyecto podría dar estatus legal a mas de 200.000 venezolanos que se encuentran bajo amenaza de detención y deportación, según datos estimados en 2019 por la Oficina de Presupuesto del Congreso.