Detención a políticos y activistas venezolanos

El chavismo desató una ola de persecución contra dirigentes políticos opositores y activistas de derechos humanos, aumentando los casos de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos civiles, a pesar de que ante la comunidad internacional el régimen sostiene que está dispuestos a ir al diálogo con la oposición.

Cada día que pasan se conocen nuevos operativos de la policía política y fuerzas militares con las que allanan y detienen a personas de diversos sectores de la sociedad y con distinto alcance mediático.

En esta escalada de persecución no hay nadie a salvo, ni siquiera quienes tienen medidas de protección dictadas por el Corte Interamericana de Derechos Humanos, como quedó demostrado con el caso del defensor de derechos humanos y presidente de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien fue detenido el pasado 2 de julio y acusado de manera incomprensible de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria.

La más reciente detención se registró este jueves en Caracas, cuando Oraima Guillén, activista del partido político Voluntad Popular (VP), fue detenida arbitrariamente en horas de la madrugada.

Los funcionarios de la dictadura se presentaron en su casa y la sacaron del lugar contra su voluntad y desde ese momento se desconoce su paradero y estado de salud.

“Responsabilizamos a la dictadura de lo que le pueda pasar”, señaló la organización partidista, que es la del presidente interino, Juan Guaidó, y del exalcalde de Chacao, Leopoldo López.

Guillen, una persona entrando a la tercera edad, se dedicaba al trabajo social y comunitario, y gracias a ese trabajo logró convertirse en la responsable político de la parroquia caraqueña de San Pedro, cercana a la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El pasado miércoles también fue detenido arbitrariamente el activista de Cáritas, Jairo Pérez. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana del régimen, así como de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), se lo llevaron contra su voluntad, cuando, en una actividad comunitaria en pro de la niñez, compartía una película con los chicos del sector La Vega, en Caracas.

¿El pecado de Pérez? Haber estado realizando trabajo comunitario y exigir agua, servicio que en toda Venezuela ha colapsado por el deterioro de las instalaciones y la falta de mantenimiento e inyección de recursos para nuevos desarrollos.

Esta detención se sumó a la serie de amenazas de encarcelamiento que personeros del régimen de Nicolás Maduro ha hecho en las últimas horas.

Ayer también allanaron la sede en San Cristóbal de la ONG Fundaredes y detuvieron por unas horas a la madre de dos de sus directivos, Teresa Sánchez.

Aunque la señora pasa los 70 años, al régimen no le importó sacarla a la fuerza con una decena de hombres armados de su hogar, donde estaba con un nieto menor de edad, y trasladarla a un sitio desconocido.

El marte, por su parte, en Caracas, los efectivos de la policía política y militares llegaron a la residencia de la periodista Mildred Manrique, a quien hostigaron al pedir que les dejara pasar a la casa y, como ella no lo permitió, se instalaron en la parte externa del edificio por varias horas.

La dictadura comenzó esta arremetida persecutoria hace dos semanas.

El pasado domingo se registró la desaparición forzada del exdiputado Freddy Guevara, a quien ya la tiranía había amenazado con aprenderlo, tras ser señalado sin pruebas de estar vinculado a enfrentamientos ocurridos en barriadas populares de Caracas entre las megabandas criminales y la fuerzas pública del régimen.

Guevara y su conductor fueron detenidos y presentados este jueves ante el Tribunal 4to contra el Terrorismo tras más de 50 horas sin que su familia o abogados conocieran su estado y lugar de detención.

El pasado martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió a la Fiscalía General que emita órdenes de captura contra varios dirigentes del partido de Guaidó.

Los dirigentes perseguidos son el exalcalde Emilio Graterón; el exdiputado y expreso político Gilber Caro; el Director de Despacho de la Presidencia interina, Luis Somaza, y el dirigente juvenil Hasler Iglesias.

A estos venezolanos los acusó de conspirar contra el régimen, así como de supuestamente articular a las bandas criminales de la Cota 905.

Como el régimen no ha logrado capturarles, hostiga a los familiares de estos dirigentes de la oposición.

 

Más de 157% aumentaron los ataques contra defensores de derechos humanos

En Venezuela, el hostigamiento y criminalización del trabajo realizado por personas defensoras de los derechos humanos no dejan de aumentar.

Unos 338 ataques hasta finales del 2020 se registraron en el país, según el informe de la ONG COFAVIC, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

Debido a las constantes denuncias sobre las vulneraciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura chavista, activistas de diferentes organizaciones han sido perseguidos y acusados sin evidencia de delitos que los incrimine.

Aunque se establece detención por averiguaciones, en la mayoría de los casos no vuelven a salir de prisión sino meses o años después.

Sus procesos presentan múltiples violaciones y ya de manera continúa se les impide y obstaculiza la posibilidad de que sean defendidos por abogados de su confianza. El régimen trata de imponerles defensores públicos y que su estrategia de defensa quede en manos de los mismos que le mantienen privados irregularmente de su libertad.

La furia del régimen contra FundaRedes

A pesar de que el defensor de derechos humanos y director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, denunciara ante los organismos competentes la presencia de grupos armados irregulares en territorio venezolano, el régimen lo detuvo por pedir la investigación sobre la vinculación de funcionarios chavistas con la guerrilla de origen colombiano.

Los ataques de la dictadura en contra de FundaRedes se venían perpetrando desde lo primeros meses del año, cuando la organización defensora de los derechos humanos hizo pública las actuaciones criminales de la guerrilla de las FARC en el estado Apure.

Junto a Tarazona están detenidos su hermano, Rafael Tarazona, y Omar García, activista de la ONG por el estado Falcón. Ahora los tres están imputados por los delitos instigación al odio, terrorismo y traición a la patria.

Más de 200 organizaciones de la sociedad civil suscribieron un comunicado en donde rechazan la detención arbitraria de los tres activistas de FundarRedes, en el cual exigen que se garantice la seguridad personal de los detenidos y piden su libertad plena.