Rafael Correa en Venezuela mientras la justicia de Ecuador pide a Interpol localizarle

Llama la atención que la llegada de Rafael Correa a Venezuela coincida con el anuncio de la reactivación de los trámites para su extradición
Expresidente de Ecuador llegó misteriosamente a Venezuela

El expresidente y prófugo de la justicia de Ecuador, Rafael Correa, arribó a Caracas justo luego de que la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana solicitara a Interpol información acerca de su ubicación y sus movimientos migratorios, como paso previo a los trámites de extradición desde Bélgica, de donde es originaria su esposa y donde reside el exmandatario desde junio de 2017.

La orden del juez Walter Macías se firmó este 6 de mayo de 2021 y está dirigida al Jefe de la Unidad Nacional de Interpol de Quito. El magistrado de la Corte Nacional solicitó un informe sobre la ubicación de los ocho sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, de los cuales cinco son exfuncionarios públicos y tres son empresarios privados.

La llegada de Correa a Venezuela fue difundida por medios locales, que mostraron el recibimiento de Correa y su esposa en un lugar no precisado.

Bienvenido a nuestra ciudad capital, su casa. Venezuela, Caracas. Cuna de nuestro libertador Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Que Dios los ampare. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Gusto de saludarlos”, manifiesta la persona que da la bienvenida a Correa en el video difundido por Twitter, que registra su llegada a Venezuela.

Proceso de extradición

Llama la atención que la llegada de Rafael Correa a Venezuela, en compañía de su esposa, coincida con el anuncio de la reactivación de los trámites para su extradición.

Los otros sentenciados requeridos son María de los Ángeles Duarte Pesantes, exministra de Vivienda y Obras Públicas; Walter Hipólito Solís Valarezo, exministro de Obras Públicas; Roldán Vinicio Alvarado Espinel, exsecretario de Comunicación; Christian Humberto Viteri López, exasambleísta; Mateo Choi o Choi Kim Du Yeon, representante de la empresa SK Engineering & Construction; Rafael Leonardo Córdova Carvajal, representante de la empresa Metco; y William Wallace Phillips Cooper, representante del conglomerado Grupo Azul.

Estas ocho personas fueron condenadas a ocho años de cárcel por cohecho, ya que la Fiscalía pudo demostrar la existencia de un entramado de corrupción que actuó durante el Gobierno de Correa, que exigía sobornos a empresarios a cambio del otorgamiento de contratos con el Estado.

Al Correa estar fuera del país, su ubicación y detención provisional deberá ser oficiada a la Interpol. Y solo si la Interpol da paso a la solicitud y el político es detenido, se podrá seguir con el proceso de su extradición.

Para el abogado de Correa, Alfonso Zambrano Pasquel, este trámite de extradición no prosperará.

4 claves acerca del entramado de corrupción de Correa

  • En noviembre de 2019, la secretaria Anticorrupción de Ecuador para el momento, Dora Ordóñez, afirmó que en los 10 años del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) se estima que hubo un perjuicio para el Estado de entre los 30.000 y 70.000 millones de dólares.
  • En el informe presentado en donde se detallan los hechos de corrupción se menciona en primer lugar la consultoría realizada para el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo del Gobierno ecuatoriano, que recoge la cifra de 2.400 millones de dólares en cinco proyectos emblemáticos.
  • En el informe se señala igualmente la existencia de fondos desviados y relacionados con millonarios sobreprecios para estas denominadas “megaobras” y una estimación de 600 millones de dólares adicionales que se requerirían para ponerlas en marcha.
  • La cifra más alta de esta presunta corrupción, que engloba el cómputo de pérdidas en la nación andina, proviene de un estudio regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre despilfarro y malgasto, también consideradas prácticas corruptas para el Estado, y que se calculan en torno al 7% del PIB anual, cuyo monto es de 70.000 millones de dólares. “El informe del BID se refiere a 40.000 millones que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos, y 30.000 adicionales por ineficiencia de las obras ejecutadas”, subraya Ordoñez en el informe.