Centroamerica

México pondrá en marcha un plan para brindar protección a los candidatos amenazados por el crimen organizado o la delincuencia de cuello blanco, en el marco de las próximas elecciones. El plan ha sido necesario ante el importante aumento en las tasas de criminalidad, registrado a medida que los grandes y poderosos carteles de drogas se dividen en grupos más pequeños que compiten tenazmente por el territorio. Esta situación se ha presentado por la pocas medidas que limiten la acción de esos grupos, que ahora tienen más poder y más hombres. Las elecciones del 6 de junio serán las más grandes de la historia de México, pues se renovarán en las urnas 21 mil cargos públicos, entre los que destacan 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1.926 presidencias municipales. Lea también: Más violencia y muertos durante gestión de AMLO Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Morelos, Baja California y Jalisco son las entidades con mayor violencia política. Por su lado, en Morelos, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor posibilidad que aspirantes sean cooptados por el crimen organizado. 64 asesinatos relacionados con política Desde septiembre de 2020, cuando arrancó oficialmente el proceso electoral, a febrero, cuando concluyeron las precampañas, se han registrado 73 delitos relacionados con política, en los que 64 personas fueron víctimas de homicidio. Uno de los acontecimientos más recientes es el asesinato de Rodrigo Sánchez Flores, precandidato a la alcaldía de Tamazunchale, en San Luis Potosí. El exlíder juvenil del PRI fue atacado a balazos junto con su esposa y padre, cuando se transportaban en su camioneta. "Que no

La dictadura de Daniel Ortega continúa encarcelando y sentenciando a quienes se han opuesto a su régimen y participaron en las protestas de 2018. Esta semana, el preso político Bryan Cornejo fue condenado a 6 años de prisión por el supuesto delito de robo agravado, según explicó la Dra. María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Los métodos de coacción, persecución, secuestro y juicios a presos políticos responden a directrices de manual, coincidentes en los regímenes dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre otros. El caso de Bryan no escapa a ello. “Acaban de notificar referente a la sentencia de condenatoria en contra de Bryan Bladimir Cornejo Rivas, la juez impuso la pena de 6 años de prisión por el delito de robo agravado a como ya lo había mencionado cuando resultó el fallo de que hubo pruebas totalmente contradictorias y que comprometía la credibilidad de los testigos y la veracidad de los hechos acusados por el ministerio público pero pese a esto la judicial decidió emitir un fallo de culpabilidad y el día de hoy notifica sentencia ratificando su fallo” aseguró la Dra. Oviedo al diario nicaraguense 100% Noticias. De igual manera, la abogada de la Corte Permanente de Derechos Humanos manifestó que continuarán con la defensa del preso político por lo que procederán a presentar un recurso de apelación a la sentencia emitida por la jueza sandinista en contra de Cornejo. Lea también: Se extingue la democracia en Nicaragua Contradicciones y montaje del caso Las pruebas de la acusación resultaron

Periodistas de diferentes países se unieron para denunciar la censura que viene ejerciendo el régimen de Daniel Ortega contra los medios de comunicación que son independientes en Nicaragua. En un documento denuncian que desde el año 2018, cuando se iniciaron las protestas cívicas en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejercido “una represión sistemática” contra quienes lo critican, especialmente medios de comunicación que no están bajo su poder, llegándoles a confiscar las instalaciones donde funcionaban. Los periodistas hacen referencia a lo que ocurrió con los medios independientes “El Confidencial” y “100% Noticias”, a los que el Gobierno de Ortega les “usurpó” sus oficinas e inauguró ahí dependencias del Ministerio de Salud. Peticiones que hacen los comunicadores en el documento Los periodistas manifiestan su "preocupación e indignación ante el proceso de despojo de dos derechos elementales, del cual son víctimas los ciudadanos de Nicaragua: la libertad de expresión y el acceso oportuno a una información veraz e independiente”. Lea también: Daniel Ortega, el dictador eterno de Nicaragua va por su cuarta presidencia También, le solicitan a la comunidad internacional que presione al régimen de Ortega para que cese la violación de los derechos fundamentales. “Pedimos a los gobiernos democráticos del mundo que exhorten y presionen al presidente Daniel Ortega para que cese de inmediato su política represiva contra medios y periodistas independientes”, agregan los firmantes. Además, los comunicadores demandan que el gobierno nicaragüense "permita el ingreso al país de los organismos internacionales de Derechos Humanos, como CIDH de la OEA, la Oficina del Alto

Daniel Ortega, el dictador eterno de Nicaragua, ha convocado a elecciones para el próximo 7 de noviembre, que de ganarlas lo convertirían en el presidente de la nación centroamericana por cuarta vez consecutiva. Por ello ha desarrollado una serie de estrategias basadas principalmente en una mayor represión, censura a los medios de comunicación, persecución al financiamiento externo de la sociedad civil, fundaciones y ONG a través de la denominada Ley de agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin”, en alusión a políticas similares del presidente de Rusia Vladimir Putin y otras reformas legislativas. Ortega sabe que tendrá que buscar otras vías para seguir eternizándose en el poder. Tras la revuelta social de abril de 2018, que dejó cientos de muertos, heridos y detenidos por la policía, la oposición exigió a Ortega adelantar los comicios por considerar que su gobierno no era democrático y debía abandonar el cargo. Él rechazó esos reclamos pero ya las elecciones están a la vuelta de la esquina. El exguerrillero, de 74 años y que gobernó por primera vez en la década de 1980, regresó al poder mediante elecciones en 2007. Volvió a postularse dos veces más (2011 y 2016) y fue declarado ganador en medio de innumerables denuncias de fraude electoral y ahora el 7 de noviembre será candidato nuevamente, para optar a su cuarta presidencia. Venezuela ya no puede financiar a Ortega A diferencia del gran apoyo financiero que Daniel Ortega obtenía de Caracas cada vez que acudía a elecciones, esta vez la cooperación venezolana es nula. Cuando Daniel Ortega suscribió el

El carácter dictatorial de régimen de Daniel Ortega ha quedado en evidencia una vez más con un nuevo informe que revela que durante 2018-2020 fueron asesinadas 113 personas en Nicaragua. La experta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Jimena Reyes, presentó el informe con los resultados de la investigación sobre la muerte de 113 personas, de un total de 328 registradas en las manifestaciones durante los últimos dos años. El informe detalla que Ortega estuvo al frente de "las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y de otros Poderes del Estado", cuyas acciones habrían "provocado la muerte de personas consideradas enemigas del régimen". Crímenes de ejecución extrajudicial Estas actuaciones configurarían crímenes de ejecución extrajudicial y crímenes de lesa humanidad, conforme a los estándares internacionales, explicó la experta.   ✝️328 personas asesinadas ✈️Miles de exiliados 🗡️Miles de heridos 🏘️Docenas de instituciones clausuradas Es solo parte del saldo del régimen Ortega-Murillo 👫desde abril 2018 Mira aquí nuestro informe: https://t.co/qTMWHK7SE6#SOSNICARAGUA pic.twitter.com/lo9KmpdvBm — FIDH (@fidh_es) February 11, 2021   Por su parte, el vicepresidente de la FIDH, Juan Francisco Soto, destacó que Nicaragua vive “una grave crisis democrática y de derechos humanos” y que la administración de Ortega “se ha convertido en un régimen autoritario, cerrando cada vez más los espacios sociales de participación y arremetiendo contra la sociedad civil”. A decir de Soto, este informe es una “respuesta a la represión estatal”. “Un trabajo invaluable que muestra que la sociedad civil, las ONG, las personas de derechos humanos y la población en general no se callarán”, sostuvo el especialista. El dictador eterno Se tiene previsto que Nicaragua celebre elecciones generales el

  La Corte Constitucional de Ecuador le negó el pedido de recuento total de votos al candidato presidencial Yaku Pérez, quien en la totalización de la primera vuelta quedó en el tercer lugar y espera por un recuento parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) para conocer los cómputos definitivos. Entre las solicitudes del candidato indígena a la Corte Constitucional estaba la transmisión en vivo del recuento y que se hiciera en cada una de las Juntas Receptora del Voto, además de la creación de una veeduría ciudadana respecto del sistema informático, con el fin de que este reflejara en sus resultados los datos obtenidos en el recuento. También que el recuento no solo se realizara solo en las papeletas, sino que se contrastara la fiabilidad de los mismos. Rechazo del pedido por Parte de la Corte Constitucional La sala de Admisión de la Corte Constitucional no dio paso a las solitudes hechas por el candidato, ya que no adjunto el requisito de “prueba de reclamo”, el cual, según Pérez era inaplicable en este por el corto tiempo entre el escrutinio y la proclamación de los resultados. Los jueces Teresa Nuques, Ramiro Ávila y Hernán Salgado, perteneciente a la Sala de Admisiones de la Corte, indicaron que el candidato debe agotar todos los recursos que le otorga la ley. Agregaron los funcionarios en la decisión “aquello se materializará a través de la observancia de todas las prescripciones constitucionales y legales que promueven la transparencia en los resultados electorales y su proceso de escrutinio”. Cabe recordar que el pasado 12

  La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) denunció que la democracia en Nicaragua se encuentra en crisis, debido al cierre de los espacios políticos y la implementación de leyes que buscan “criminalizar” a los opositores del régimen de Daniel Ortega. El vicepresidente de la FDIH, Juan Soto, señaló este jueves que la nación “se encuentra en una grave crisis democrática y de derechos humanos" y que el gobierno de Daniel Ortega "se ha convertido en un régimen autoritario”, que cada día va cerrando los espacios de participación ciudadana y arremetiendo contra la población civil. 113 fueron “ejecuciones extrajudiciales” “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, ¿hasta cuándo?”, así está titulado este informe. En él se muestran las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país centroamericano entre 2018 y 2020, esto cuando explotaron las protesta antigubernamentales. Al menos 328 muertos y centenares de heridos y más de 80 mil opositores exiliados es el saldo que dejó la represión a las manifestaciones que exigían la salida de Ortega, según FIDH y otras organizaciones. De las 320 muertes, 113 fueron “ejecuciones extrajudiciales”, según investigaciones hechas por parte de la Federación. Por su parte, el régimen de Daniel Ortega, solo reconoció 200 muertes durante estas protestas y se las atribuyó a un “fallido golpe de estado” por parte de EEUU. Este informe, elaborado con el apoyo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), precisó que las ejecuciones fueron perpetradas por “agentes estatales y paraestatales”. .

  Los bancos privados recurriría a un amparo contra la Ley de Reformas y Adición a la Ley N.824 “Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias”, que entró en vigencia el pasado martes y que pone en riesgo el sistema financiero de Nicaragua y ampararía a algunos funcionarios del gobierno. El economista Maykell Marenco lamentó que la Asamblea Nacional no escuchó al sector privado y banca comercial que alertó sobre las afectaciones a la imagen país, reseñó la televisora local 100% noticias.com. La Asociación de Bancos Privados (ASABANP) rechazó la Ley de reforma porque esta transgrediría la libertad convenida entre bancos y clientes. Una Ley que afectará inversiones A pesar de las preocupaciones de la banca privada, no ha habido una nota aclaratoria de las autoridades. Tanto la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras (SIBOIF), como el Banco Central de Nicaragua han mantenido silencio, por eso buscarán un amparo contra esta ley. “El poder legislativo y todas las personas que nos representan no se han detenido a considerar esa preocupación, es completamente preocupante, porque tenemos un poder legislativo que no está escuchando al sector productivo nacional, un poder legislativo que está legislando para el Ejecutivo y no para el pueblo”, expresó Marenco. De acuerdo con el economista, la “incertidumbre” que causa la medida, terminará generando desconfianza en el sector privado, lo cual va a repercutir en las futuras inversiones. Con la entrada en vigencia de esta ley se favorecería a aquellos diputados que han sido sancionados por Estados Unidos, entre ellos el

  Una denuncia de intención de “golpe de Estado parlamentario” fue hecha por el presidente de El Salvador, Nayid Bukele, luego de un senador solicitara la activación de un mecanismo constitucional para evaluar la salud mental del mandatario. Por medio de mensajes en la red social de Twitter, el presidente salvadoreño respondió casi de inmediato a la petición del diputado opositor Ricardo Velázquez, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), quien cuestionó el comportamiento del gobernante. “Es increíble, pero también llamativo, cómo los autoproclamados 'defensores de la democracia' guardan total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario”, dijo Burkele. Muchas supuestas “organizaciones de defensa de los derechos humanos” y autoproclamados “defensores de la institucionalidad, de la democracia y de la separación de poderes” callan ante un intento declarado de golpe de estado. ¿Ven como en realidad no defienden nada de eso? — 🇸🇻 (@nayibbukele) February 10, 2021 Para el parlamentario, la Asamblea Legislativa debe activarse y aplicar el procedimiento constitucional para determinar si Bukele puede continuar con sus funciones. "Hemos visto acciones del presidente desacatando la Constitución y las leyes, intento de golpe de Estado, militarizar esta misma Asamblea, llamados a la insurrección, ataques a la democracia, a la institucionalidad y a la República", explicó Velázquez. Para conseguir el objetivo final del parlamentario, se debe tener al menos 56 votos a favor de los 84 congresistas y existir un dictamen unánime de cinco médicos nombrados por la Asamblea sobre “la incapacidad física o mental del presidente”.        

  Panamá le removió las credenciales diplomáticas que acreditaban a Fabiola Zavarce como embajadora de Venezuela en Panamá por el gobierno interino de Juan Guaidó. El resto del cuerpo diplomático ya fue notificado de la decisión. Luego de que el Ministerio de Exteriores removió las credenciales diplomáticas a la funcionaria, el Comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, difundió en redes sociales una carta enviada a la institución. Enviamos carta oficial a la Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, @ErikaMouynes, ante la devolución de las credenciales diplomáticas que acreditaban a la Señora Fabiola Zavarce como Embajadora de Venezuela en la República de Panamá. pic.twitter.com/96LWynHyuF — Julio Borges (@JulioBorges) February 5, 2021 La misiva publicada por el diplomático opositor al régimen de Nicolás Maduro refirió la circular de la cancillería panameña, publicada por medios de comunicación, donde solicitan a Zavarce regresar sus credenciales. “Esta acción la entendemos como una decisión soberana de su gobierno y en este sentido, la respetamos”, escribió. Borges señala en el texto que confían que será “sólo un cambio de forma en el apoyo al pueblo venezolano que atraviesa uno de los peores momentos de su historia”. "Hoy más que nunca es importante el decidido apoyo de la comunidad internacional”, señaló el dirigente opositor en el documento. “Panamá puede confiar en la solidaridad del pueblo venezolano”, aseguró el canciller venezolano.   Acreditada desde 2019 En la nota circular, con fecha del 4 de febrero, la cancillería panameña informó a las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales acreditados en Panamá que el 8 de