Cartel de la Toga: condenan a expresidente de Corte Suprema de Justicia
Ricaurte fue condenado por cuatro delitos y se ordenó su captura inmediata

El Juez 10 Penal del Circuito de Bogotá, Guillermo Adame Suárez, determinó que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, sí hizo parte del Cartel de la Toga, red de corrupción que torcía casos en la Sala Penal en la que eran procesados congresistas y gobernadores.

Ricaurte fue condenado por cuatro delitos: concierto para delinquir, cohecho o soborno, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente. Se ordenó su captura inmediata.

Con esta decisión trascendental en el proceso del Cartel de la Toga, Ricaurte se convierte en el primer expresidente de la Corte Suprema condenado penalmente por ser parte de una red de corrupción.
El ex magistrado en el proceso no aceptó su responsabilidad y no se comprometió con laborar con la justicia.

A Francisco Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal, por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral”, explicó el juez.

Según datos aportados por el diario El Espectador, Juan Sebastián Fajardo, defensor de Francisco Ricaurte, le había pedido al juez del caso que el expresidente de la Corte Suprema pudiera defenderse en libertad, dado que no recurrió a maniobras dilatorias y siempre hizo frente a la justicia durante los tres años que duró el proceso.

Además, Fajardo explicó que Ricaurte sufre de problemas médicos y no está en condiciones de afrontar una segunda instancia privado de su libertad.

El juez le respondió que “no podían caer en un círculo vicioso” y que no había recursos ante la audiencia en ese sentido. Así las cosas, en las próximas horas el expresidente de la Corte Suprema volverá a prisión, esta vez condenado por su participación probada en la “empresa criminal”.

Congresistas y altos funcionarios negociaban decisiones

El juez del caso, durante la mañana de este martes, le otorgó credibilidad plena al testimonio de Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, quien rindió su versión sobre la responsabilidad de Ricaurte el 13 de agosto de 2020.

Todos los episodios descritos por Moreno fueron tomados como ciertos para decidir sobre la libertad del condenado, entre ellos, la “empresa criminal” que funcionaba en el norte de Bogotá, a donde congresistas y altos funcionarios iban a negociar decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se trataba de una fachada, un supuesto bufete de abogados, cuyos patrones eran Luis Gustavo Moreno, Francisco Ricaurte y, al parecer, la exmagistrada Ruth Marina Díaz.

El testimonio clave que presentó la Fiscalía fue el de Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, quien ha confesado durante los últimos años ser el enlace entre los potenciales clientes y Francisco Ricaurte, quien a su vez era la conexión en la Corte Suprema.

Moreno fue condenado en marzo de 2018 a 4 años y 10 meses de prisión, por los delitos de concusión –cuando un servidor público se aprovecha de su cargo para exigir dinero– y por utilización indebida de información privilegiada. Fue capturado en junio de 2017, luego de conocerse una serie de audios en el que extorsionaba a Alejandro Lyons, el exgobernador de Córdoba que ha sido señalado de desfalcar a ese departamento.

Exfiscal anticorrupción: lamentablemente me corrompí

“Teníamos una organización criminal, es una organización no solo criminal, lamentablemente me corrompí, pero el doctor Francisco Ricaurte y el exmagistrado Leonidas Bustos corrompieron, además, funcionarios como al doctor Camilo Ruiz (exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema), porque los tenían al servicio de sus intereses personales, no solo de los intereses que eran objeto de corrupción sino para todo tipo de aspiración y favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones”, señaló Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción en agosto de 2020 en medio del juicio contra Ricaurte.

Según las declaraciones de Moreno, los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, entre otros, pagaron dineros para que se frenaran o archivaran procesos en la Sala Penal de la Corte Suprema y parte de esos dineros habrían llegado a los exmagistrados.

En esos testimonios dados por Moreno a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación (de la Cámara de Representantes) señaló que era muy cercano a los exmagistrados Bustos y Ricaurte, a quienes se ha referido como “su papá” y “Pacho”, respectivamente.

Además, señaló que el suspendido magistrado Gustavo Malo, quien está siendo procesado por estos hechos, también era parte de la red de corrupción.

Por otro lado, el juez se acogió al testimonio bajo juramento de José Reyes Rodríguez, magistrado auxiliar para la investigación de parapolítica, quien trabajó en 2015 de la mano con el togado Gustavo Malo.

Sobre su versión, el juez describió que Reyes Rodríguez “empezó a ver cosas desacostumbradas (en la Sala Penal de la Corte Suprema), que generaban pensamientos negativos. Una de esas cosas fue en el caso de Álvaro Ashton. El testigo venía teniendo desconfianza de Gustavo Malo, en los informes daba la información de lo que se iba a hacer, pero no daba mayor información por su seguridad personal”.

$800 millones para que archivaran proceso

El juez concluyó sobre la declaración del magistrado auxiliar Reyes, que el togado Gustavo Malo, quien está suspendido de sus funciones mientras se adelanta su investigación propia, tenía “un especial interés por sacar adelante el proceso de Álvaro Ashton”.

Se trataba de una pesquisa por parapolítica, por la que Ashton aceptó, el 28 de enero de 2020, haber pagado $800 millones para que le archivaran el proceso. El juez del caso le dio credibilidad a ese episodio y señaló que, además, había un plan para sacar al auxiliar Reyes Rodríguez del despacho de Gustavo Malo.

Otro de los episodios que relacionó el juez a la “empresa criminal” fue el descrito por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien ha dicho ante la justicia que el exmagistrado Camilo Tarquino, también expresidente de la Corte Suprema, le habría exigido alrededor de $20 mil millones para ayudarle en procesos por supuesta corrupción.

De acuerdo con Lyons, Tarquino le habría dicho que conocía al fiscal que le había puesto la lupa y que podría interceder ante él. Lyons también acusó a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte de presionarlo a través de terceros para, supuestamente, desembolsar la millonaria suma.

“La Fiscalía logró desvirtuar la presunción de inocencia del doctor Francisco Ricaurte, con los medios de prueba legalmente producidos y practicados en juicio oral. Con estos actos de corrupción, como así lo ha llamado el testigo estrella de la Fiscalía (Luis Gustavo Moreno), se puso en tela de juicio la más alta institución del Estado, de la Rama Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Es un baluarte de nuestro Estado social de derecho y democrático”, concluyó el juez Guillermo Adame Suárez.