“Se encuentra inapetente; toda esta tensión, todo este cambio de la presión arterial que ha ido teniendo en el transcurso de estos días está teniendo una reacción en su estómago que está haciendo que no esté pudiendo comer”, dijo el jurista a la prensa local.

En ese sentido, el abogado aseguró que todavía la exgobernante se encuentra con la salud delicada y por eso, precisamente, se buscará el ingreso de un médico de confianza de su familia al centro penitenciario.

Hoy estamos haciendo una solicitud para que pueda ingresar un médico particular que sea de la confianza de la familia a efectos de que pueda decirnos cuál es justamente el estado de salud de la exmandataria”, señaló.

La expresidenta fue aprehendida en horas de la madrugada del 13 de marzo su casa, de donde fue sacada en pijama y contra su voluntad por decenas de hombres armados del gobierno de Arce y luego trasladada a la ciudad de La Paz, para imputarle los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración por su supuesta participación en un golpe de Estado que nunca existió en 2019 contra el exmandatario Evo Morales.

Antes hasta Arce reconocía que era presidente constitucional

Tras masivas protestas y denuncias de fraude en las elecciones, el líder cocalero -que buscaba su cuarta reelección consecutiva- renunció de manera pública y huyó del país para no enfrentar la justicia. Gran parte de sus compañeros de partido se escondieron en esos días de crisis política que también incluyó la renuncia del vicepresidente.

Ante la crisis y el vacío de poder, el Parlamento debía asumir el control y el mando del país. La figura principal del Parlamento a la que constitucionalmente le correspondía la responsabilidad -y que era ficha de Morales- también renunció, ante lo que le tocó a la segunda vicepresidente del Senado, que recaía en los hombros de Áñez, aceptar el mandato constitucional y sacar a Bolivia del momento de enfrentamiento y tensión que atravesaba.

Áñez asumió el cargo de presidente interina por un año, tiempo en el que hasta desarrolló una política de perdón y reconciliación hacia los dirigentes socialistas del partido de Morales, aunque los adversó. En esa época hasta Luis Arce, hoy presidente de Bolivia, reconoció que la dirigente era una «presidente constitucional», con lo que quedó claro que todas sus actuaciones para llegar al poder estuvieron ajustadas a derecho y enmarcadas en la Constitución boliviana.

Al llegar el momento de las elecciones, los socialistas ganaron nuevamente el poder y Áñez, como correspondía constitucionalmente, les traspasó el mando. Y aunque Arce se había comprometido en seguir con una política de reconciliación social y respeto a los adversarios, ahora se contradice y acusan a Áñez de un golpe de Estado y de ir contra la Constitución.

El encarcelamiento de la expresidente interina ha sido condenado por la comunidad internacional y por líderes mundiales que señalan que las aciones contra Áñez y su exministro son una clara retaliación política, sin sustento alguno en el ámbito jurídico.

Aunque al detenerla establecieron cuatro meses de prisión preventiva mientras la Fiscalía investiga si hubo o no algo irregular, este fin de semana en lugar de permitir atención médica para la exmandataria, quien tiene un cuadro depresivo e hipertensivo, la justicia boliviana de manera incomprensible ordenó que la detención preventiva fuese  ampliada a seis meses. 

Mientras eso sucede, los ciudadanos han salido a manifestar y han empezado a compartir y a viralizar en redes sociales los videos donde queda en evidencia que Evo Morales en su momento renunció y se marchó sin afrontar su responsabilidad y que Áñez se apegó al mandato Constitucional.