Las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro son acusadas directamente por EEUU de cometer crímenes de lesa humanidad
El Departamento de Estado de EEUU, dirigido por Antony Blinken, hizo público un contundente y duro informe en el que se detalla el esquema represivo, de atroces torturas y persecución, empleado por el régimen chavista durante el año 2020.

El informe evidencia el interés y seguimiento del gobierno de Biden sobre la situación de Venezuela.

El Departamento de Estado denunció el rol de las fuerzas de seguridad del régimen y a los grupos paramilitares -los denominados colectivos chavistas- de llevar adelante el esquema represivo y de persecución.

Las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro son acusadas directamente por el Departamento de Estado de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

También dejan nuevamente constancia de la presencia de agentes cubanos al servicio de las fuerzas de seguridad de la dictadura.

Detenciones, desapariciones y torturas

Antony Blinken indicó que entre los hechos más significativos de violación de los derechos humanos están “ejecuciones ilegales o arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, y casos de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad”, así como la presencia de cientos de “presos políticos” y los “graves problemas con la independencia del poder judicial”.

Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, y un informe de la ONU concluyó que había motivos razonables para creer que las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad habían cometido crímenes de lesa humanidad”, señaló el Departamento de Estado en un reporte especial publicado este martes sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela durante el año 2020.

Frente a esa extensa lista de violaciones a los derechos humanos, las autoridades norteamericanas indicaron que el régimen chavista “no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, procesar o castigar a los funcionarios que cometieron” esos abusos.

Desapariciones forzadas de siete a 40 días

El Departamento de Estado recordó que las ONG Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights documentaron 753 desapariciones forzadas de detenidos políticos entre 2018 y junio de 2020.

Asimismo, una investigación del ACNUDH descubrió que casi todas las personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) -uno de los brazos armados de la dictadura- “fueron sometidas a desapariciones forzadas durante períodos de siete a 40 días después de su detención, lo que aumenta el riesgo de que también sean víctimas de tortura y abuso”.

Pese a la condena internacional y la intención de profundizar las investigaciones en suelo venezolano, “el régimen de Maduro continuó negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país”.

Entre los cuerpos de seguridad del régimen involucrados en los crímenes de lesa humanidad también se destacan las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Autoridades de alto nivel conocieron de los crímenes

Los investigadores de la ONU concluyeron que “algunas autoridades de alto nivel tuvieron conocimiento de los crímenes y contribuyeron a ellos, mientras que otras que sabían o deberían haber sabido de los crímenes no tomaron medidas para prevenirlos o detenerlos”.

“Los medios de comunicación y las ONG informaron de que las fuerzas de seguridad intentaban encubrir las ejecuciones extrajudiciales plantando pruebas o alterando las escenas del crimen para sugerir un altercado o un intento de huida de la víctima.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) concluyó que había motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad planificaron y ejecutaron graves violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos, algunos de los cuales equivalían a crímenes de lesa humanidad, desde 2014″.

Distintos informes de la comunidad internacional han denunciado casos de represión y torturas en Venezuela

El informe de la Misión Internacional Independiente también indicó que “hay motivos razonables para creer que Maduro y otros funcionarios del régimen ordenaron, contribuyeron o participaron en la comisión de los crímenes y abusos contra los derechos humanos documentados en el informe”.

sometieron a los detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos, colgamiento de las extremidades y obligación de pasar horas de rodillas”.

“Los detenidos también fueron sometidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; permanecieron esposados durante largos periodos de tiempo y recibieron amenazas de muerte para ellos y sus familiares. Los detenidos informaron de que las fuerzas de seguridad afines al régimen los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se producían los abusos”, se lee en los reportes citados por el Departamento de Estado.

Entre los casos de torturas también hubo denuncias de que a los detenidos no se les permitió atención médica.

Provea: 574 casos de torturas y la muerte de 23 personas

La ONG PROVEA identificó 574 casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad afines al régimen en 2019, lo que provocó la muerte de al menos 23 personas.

Pese a las denuncias de estos casos de abusos, desapariciones, crímenes y torturas, la justicia venezolana también es afín a la dictadura chavista, por lo que los procedimientos judiciales carecen de transparencia y de apego a la Constitución.