Saab fue señalado de presunto blanqueo de capitales por unos 350 millones de dólares

El empresario colombiano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro y detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, está a pocas horas de conocer el veredicto casi final de la justicia de Cabo Verde sobre su extradición a Estados Unidos.

La Corte Suprema caboverdiana, ante la cual la defensa del empresario recurrió una decisión tomada en enero pasado por un tribunal de apelaciones, se prepara para anunciar este lunes si se extradita o no a Saab a EEUU, donde lo vinculan a una mega operación de lavado de activos vinculados al chavismo.

La medida debió haber sido tomada a mediados de esta semana, sin embargo, fue pospuesta para este lunes 15 de marzo.

En las últimas dos semanas ha reinado la tensión en torno al caso de Saab, quien se encuentra en prisión domiciliaria en la isla de Sal.

Sus abogados han denunciado en varias oportunidades presuntos atropellos de Cabo Verde y obstaculización a la defensa.

El pasado 8 denunciaron que las autoridades africanas no dejaron entrar a sus abogados al país, mientras que el 11 uno de sus defensores principales se quejó de haber sido detenido cuando trataba de visitar al empresario.

Aún quedan otras acciones legales

Aunque la inminente decisión de la Corte Suprema será clave para el futuro de Saab, su defensa trabaja en una estrategia en varios frentes. Incluso, ya tendrían preparadas aciones para recurrir al Tribunal Constitucional, ante el que alegarían presuntas violaciones de derechos fundamentales.

Ya en el pasado los abogados de Saab habían intentado dos habeas corpus para liberar su liberación, pero esta instancia se los negó.

Al mismo tiempo intentarían otras acciones de presión “diplomática”. Todo lo que sea necesario para evitar que el empresario sea alcanzado por la larga mano de la justicia estadounidense.

Estas acciones sin duda retardaría la decisión final por varias semanas.

Alex Saab y los negocios con el chavismo

En 2017 la exfiscal venezolana Luisa Ortega, quien fue una de las figuras de mayor nivel del chavismo hasta que tuvo diferencias con el grupo de Nicolás Maduro, lo señaló como uno de los testaferros de Maduro.

Esa misma versión es manejada por EEUU, que lo investiga por presuntamente haber lavado -junto a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido- hasta 350 millones de dólares.

Colombia también investiga al empresario barranquillero que está vinculado con el chavismo desde 2011, cuando le fueron entregados los primeros contratos con la dictadura.

Aunque al principio se trató de modestos proyectos, en poco tiempo se ampliaron los negocios hasta convertirse en el proveedor del cuestionado programa de alimentos subsidiados CLAP, con el que compraban toneladas de comida de baja calidad con sobreprecio para venderla a los más pobres.

Ese programa, además, ha sido usado por la dictadura como mecanismo de control social. Sólo le venden la caja de comida subsidiada a quienes le respaldan o no cuestionan al régimen. La venta en la mayoría de los casos es coordinada por los comités de vecinos dominados por el chavismo, quienes finalmente deciden a quiénes venden y cuánto producto.

Además de manejar el negocio de los CLAP, la dictadura le entregó a Saab contratos para la importación de medicinas, petróleo y carbón, venta de oro y hasta para la construcción.

Aunque ahora el régimen de Maduro asegura que era diplomático venezolano y que en las calles de Venezuela casi le venerarían, Saab siempre mantuvo bajo perfil y nunca antes se le había reconocido como agente político. Los ciudadanos realmente no tenían ni la menor idea de quién era el empresario colombiano ni por qué podía ser importante para la cúpula del chavismo.